El fiscal Gustavo Atienza pidió el sobreseimiento de dos de los cuatro empleados de la Sucursal Centro del Banco de la Provincia de Córdoba que a fines de agosto de 2009 fueron denunciados por autoridades de la entidad crediticia de realizar extracciones de dinero de diversas cajas de ahorro con la intención de comprar divisas, especulando con las diferencias en la cotización.
Se trata de la contadora Diana Esther Pineda y de Nicolás Bertello, quienes junto a Maximiliano Porporatto y Gustavo Enrique Day habían sido imputados como presuntos coautores de “defraudación calificada”, delito que tiene una pena de hasta seis años de prisión.
El requerimiento del titular de la Fiscalía de Instrucción del Segundo Turno tuvo como punto de partida sendos pedidos de sobreseimiento formulados en julio pasado por los abogados defensores de Pineda y Bertello, Oscar Fernando Barroso y Roberto Vicente Vásquez, respectivamente.
Ahora será la jueza de Control de los Tribunales villamarienses, Edith Lezama, quien deberá estudiar la solicitud de Atienza para determinar si comparte, o no, el criterio del fiscal. Y en caso de confirmar la medida -algo que es altamente probable- tanto Pineda como Bertello quedarán totalmente desprocesados de la causa.
Cabe señalar que Porporatto es defendido por el letrado Eduardo Luis Rodríguez, mientras que a Day lo patrocina el abogado José Luis Bertoldi.

“Estado de duda”

Según indicó el propio instructor de la causa, el pedido de sobreseimiento fue requerido “por entender que contamos con elementos suficientes para establecer un estado de duda, una duda que llamamos insuperable, toda vez que existe un equilibrio de prueba de cargo contra la de descargo, y que persistirán, razón por la cual no podemos mantener la causa en ese estado en forma inveterada, sino que hay que cerrarla a favor de los imputados”.
En declaraciones a la emisora local FM La Show, el fiscal Atienza agregó que “todo el descargo de defensa, que tanto la señora Pineda como el señor Bertello plantearon en su favor, fue corroborado con elementos de prueba que, a criterio de esta Fiscalía, dan la razón a todos los argumentos que ellos expresaron”.
El funcionario aclaró que “se ha pedido un sobreseimiento parcial de la causa, porque son cuatro los imputados y la Fiscalía ha promovido el sobreseimiento de dos de ellos”.
“Porporatto y Day continúan imputados en la causa -añadió- pero no puedo adelantar nada respecto de la situación de ellos puesto que no está resuelta. No obstante, no surge tan clara como en el caso de Pineda y Bertello”.
Finalmente, cuando el colega Marcelo Rebuffo le preguntó si estaban comprobadas las irregularidades dentro del banco, el fiscal enfatizó: “¡Por supuesto! Hay pruebas fehacientes. El propio sistema informático y las constancias de las distintas cajas de ahorro, daban cuenta del faltante de dinero de diversos clientes, de cuentas inmovilizadas o de clientes ya fallecidos. Se está trabajando en función de llegar a la verdad sobre la responsabilidad de los empleados que han intervenido.”

Todo empezó...

En su edición del 25 de agosto de 2009, EL DIARIO informó que el día anterior funcionarios de la entidad crediticia con sede en San Martín y Entre Ríos habían formulado una denuncia penal en la Fiscalía a cargo de Atienza por irregularidades detectadas en la sucursal céntrica, que podrían configurar el delito de “estafa”.
La denuncia presentada inicialmente por las autoridades del Banco de Córdoba involucraba a Porporatto, Day y Pineda, pero luego se sumó el nombre de Bertello, quien también fue imputado junto a sus compañeros de trabajo.
Según se informó oportunamente, la acusación se basó en una investigación interna realizada por los auditores del Banco, que dio como resultado que al menos tres empleados habrían realizado extracciones de diversas cajas de ahorro con la intención de comprar divisas, especulando con las diferencias en la cotización.
“La investigación se inició hace unos meses por la denuncia de un cliente que detectó un retiro en su resumen que nunca había hecho”, explicó entonces el contador Ricardo Camandone, subgerente Zonal del Córdoba.
El hecho disparó la investigación y, a medida que avanzaba, fueron descubriendo que “una serie de cuentas tuvieron extracciones que no fueron reconocidas por los clientes”. En paralelo, los auditores encontraron que había operaciones de compra de divisas que los ordenantes no reconocieron haberlas hecho.
“Hablamos de 100 mil pesos pero la investigación sigue”, aseguró Camandone en aquella oportunidad, y no descartó que pudiera ser mayor la suma de la supuesta estafa.
En primera instancia se detectaron ocho hechos de presunta “defraudación”, pero durante los primeros días de noviembre del año pasado el abogado cordobés Juan Echegaray, en representación del Banco, denunció 11 nuevos ilícitos que se habrían cometido en perjuicio de la entidad crediticia provincial.