La posibilidad de que el Estado pueda hacer transacciones en forma directa con otras reparticiones públicas o con sociedades de Economía Mixta encendió el fuego opositor en la sesión celebrada, ayer, en el Concejo Deliberante.
El tema que surgió de una modificación de las ordenanzas de compras tuvo rechazo del bloque de la Democracia Cristiana y el Frente Cívico.
“Nosotros lo que hicimos fue por un pedido de los miembros opositores del Tribunal de Cuentas”, dijo Daniela Lucarelli a EL DIARIO, sorprendida por el voto negativo de la oposición.
La contadora explicó que las modificaciones realizadas, y aprobadas por mayoría, tienden a que se puedan “readecuar los montos fijos establecidos de acuerdo a los índices de la situación económica vigente”.
También, tocaron otro de los artículos para permitir que el Estado pueda hacer contrataciones entre los nuevos entes que lo conforman, como las sociedades de Economía Mixta.
“En estas entidades todo está bajo normativas y los síndicos son de la oposición. No entiendo cuál es el problema”, precisó.
Para la Democracia Cristiana las modificaciones son sinónimo de oscuridad.
“Ellos aprovecharon el pedido de los tribunos para cambiar no sólo el artículo solicitado sino otro que le agrega más facultades al Estado”, dijo el edil de dicha bancada, Ricardo Pereyra.
El concejal agregó que “el proyecto trata sobre una modificación a la Ordenanza 3925 (régimen de compra y contrataciones). Esto permitirá al municipio realizar cualquier operación de compra directa con empresas o sociedades de cualquier tipo donde el Estado nacional, provincial o municipal forme parte, sin ser aprobado por el Tribunal de Cuentas.
"A nuestro intendente (Eduardo Accastello) no le importa la transparencia", remarcó señalando, luego, “si al intendente se le ocurre comprar un avión de Aerolíneas Argentinas, lo podrá hacer a través de una compra directa y sin necesidad de una resolución del Tribunal de Cuentas. Una verdadera locura" .
La otra iniciativa que encendió una mecha en la penúltima sesión del año, fue un cambio en la ordenanza del Programa de Acceso al Suelo Urbano.
La original establecía que un fideicomiso se debía hacer cargo de la administración de los fondos obtenidos a través de la venta de lotes en el ex Aeroclub.
Esa figura se cambió, por mayoría, por la de un Consejo de Administración integrado por el presidente del Instituto Municipal de Inversiones, la titular del Instituto Municipal de la Vivienda y dos miembros designados por decreto municipal: Sergio Cornatosky y Hernán Luccini.
Este Consejo tendrá una duración de cinco años y los nuevos nombramientos deberán ser avalados por nueve de los doce votos que tiene el Concejo.
“El Consejo garantizará lo mismo que el fideicomiso y tendrá a su cargo la administración del programa con total transparencia”, aseguró Carlos Andrada en su fundamentación en sala.
Pero, la iniciativa bajó sobre tablas y no fue acompañada por los dos bloques opositores: Democracia Cristiana y Frente Cívico”. “No puede aprobar sobre tablas un tema que debería haber sido debatido”, dijo Pereyra.