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Ricardo Lorenzetti, Carmen Argibay y Esteban Righi durante la firma del convenio |
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El ministro de Justicia, Julio Alak, junto a sus pares iberoamericanos se reunieron ayer a la mañana para avanzar en el análisis y acciones conjuntas, para combatir el delito de trata de personas en la región.
El encuentro se realizó en un hotel de la ciudad de Buenos Aires y corresponde al Grupo de Santiago de Compostela, que además de Alak lo integran los ministros de Justicia de Brasil, José Eduardo Cardozo; de España, Francisco Camaño; de Portugal, Alberto Martins, y el secretario General de la Conferencia de Ministros de Justicia Iberoamericanos, Víctor Moreno Catena.
Alak indicó que "se avanzará en el análisis y en las propuestas comunes contra el delito de trata de personas" y destacó que en Argentina se logró liberar en los últimos años "a 1.662 personas que eran víctimas" de ese delito.
El funcionario añadió que "a partir del crecimiento económico en el país se detectaron personas de otras naciones, trabajando diría en condiciones de esclavitud, en establecimientos agropecuarios".
En igual sentido, Camaño destacó "la preocupación que existe en la Unión Europea sobre la trata de mujeres" y rescató "el tratado simplificado de extradición alcanzado en el Grupo, para luchar de manera conjunta contra el delito organizado".
Al término del encuentro, que se realiza durante la jornada, los ministros firmarán un acta conjunta sobre trata de personas y temas vinculados a acciones de justicia en Iberoamérica.
“Deleznable”
Por su parte, la ministra de la Corte Suprema de Justicia, Carmen Argibay, calificó ayer de "deleznable la esclavitud sexual y laboral" a que son sometidas las víctimas de la trata de personas y puso de relieve la necesidad de "liberar a las mujeres que quedaron atrapadas en esa red infernal".
En tanto, el procurador General de la Nación, Esteban Righi, calificó la trata de personas como "una de las formas más perversas de la criminalidad".
Asimismo, representantes de la Oficina de la Mujer, de la Corte Suprema, calificaron esos delitos como "un gran monstruo que roba vidas humanas".
Argibay advirtió que el delito de trata es un "problema muy serio", al firmar un convenio de cooperación junto a Righi, durante una ceremonia celebrada en el Palacio de Justicia para "aunar esfuerzos en la lucha contra la trata de personas", previo a la celebración del Día Internacional de la Mujer.
Argibay expresó su deseo de que "otras ramas de otros poderes se sumen" a la tarea ya que "los jueces solos no podemos hacer nada. Es un problema de toda la sociedad que no puede mirar para un costado".
El presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, y la vicepresidenta Elena Highton de Nolasco, encabezaron la ceremonia realizada en la sala de videoconferencias del máximo tribunal, que fue colmada por magistrados y público en general.
El acuerdo firmado tiene como finalidad "implementar acciones conjuntas tendientes al correcto abordaje desde la Justicia de los procesos vinculados a la trata de personas con fines de explotación sexual".
Entre los asistentes se encontraba la casi centenaria luchadora por los derechos de la mujer, Florentina Gómez Miranda, junto a la embajadora de los Estados Unidos de América, Vilma Martínez, y representantes diplomáticas de Inglaterra, Egipto, Paquistán y Suecia, entre otros.
También el músico Víctor Heredia se sumó a la ceremonia y manifestó sentirse "muy orgulloso de participar en este acto trascendental, tras lo cual entonó su canción "Novicia" que alude al tema.
La Oficina de la Mujer, a cargo de Argibay, y la Unidad Fiscal de Asistencia en Secuestros Extorsivos y Trata de Personas (UFASE), elaboraron materiales de capacitación para abordar ese delito.
Este acuerdo, apoyado por las Naciones Unidas, expresa que esta "herramienta podrá ser utilizada por ambas instituciones".
Los organizadores del encuentro recordaron que la "Unidad de Capacitación de la Oficina de la Mujer puso en marcha -en 2010- un novedoso instrumento de concientización de género (en formato papel y soporte audiovisual) para trabajar en talleres de reflexión".
Los protocolos están destinados a magistrados, funcionarios y personal administrativo.
También se implementó un sistema de capacitación a distancia, desarrollado en colaboración con la Escuela Judicial dependiente del Consejo de la Magistratura.
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