La libertad de la persona durante el proceso de instrucción o la imposición de una pena en suspenso por un hecho de “abuso sexual”, más si se trata de niños o personas con capacidades diferentes, pierde toda la fuerza, la dureza de lo que pretende sostener y castigar la ley, transformándose en acto obsceno, una burla hacia la sociedad, que a través de la Justicia y sus procedimientos, intenta condenar un acto inexplicable, irracional y brutal hacia una persona que no tiene la misma capacidad de discernimiento, comprensión y que se encuentra en total indefensión.
La Justicia se transforma en un trámite necesario, que siempre termina afectando íntimamente a la víctima y su familia.
El actual sistema judicial le ofrece al victimario un salvoconducto legal, ya que siempre estos sujetos se resguardan en el derecho a la legítima defensa, sostenido en el principio de que todos somos iguales ante las leyes y que nadie es culpable hasta que no se demuestre lo contrario.
Pero la Justicia olvida por completo que no se trata de robar gallinas o arrojar desperdicios en espacios públicos. Se trata de la integridad sexual de menores y que el mismo hecho no es más que el principio de traumas que perdurarán por mucho tiempo... tal vez toda la vida de la víctima y su familia, mientras que el victimario goza en todo momento de total impunidad, por más que se diga que está sometido a una investigación donde se le atribuye tal o cual delito.
Los abusadores deben ser sometidos a un régimen especial desde el mismo momento en que los exámenes psicológicos y psiquiátricos determinan un grado de potencialidad que no ofrece dudas en términos científicos.
Nuestro sistema judicial debería invertir la carga de las dudas, poniendo del lado del inculpado la tarea de demostrar su inocencia, ofreciendo todas las pruebas que le permitan ser eximido de tal acusación y por ende, del proceso al que está sometido.
Los exámenes de rigor científico que menciono son también los que se someten a las víctimas, los que en la mayoría de los casos son objetados y discutidos por parte de los defensores de los abusadores, tratando en todo momento de relativizarlos, observarlos y empequeñecerlos con tal de alivianar la carga de culpa de sus clientes.
La conclusión es que los estudios que se le practican a los abusadores nunca son concluyentes, acertados, y los que se le practican a las víctimas son relativizados, todo con el solo propósito de demoler la causa en sí misma, dejando a las víctimas en una posición penosa, incomprensible y absurda, revictimizándola en todas las etapas del proceso, cosa que seguramente no busca la Ley, pero es lo que sucede.
Lo más sombrío es que los acusados y los condenados por esta clase de delitos pueden gozar de libertad, como cualquier vecino, coexistiendo en la misma sociedad, sentándose a tomar un café, viajar, andar, transitar libremente... todo eso si tiene los medios suficientes para interponer todos los recursos para ejercer una legítima defensa. Si no... bueno, a la cárcel.
Me parece que este mensaje no es bueno para una sociedad que por un lado los castiga y por el otro se apiada de ellos, otorgándoles el mismo derecho que a sus conciudadanos que no cometieron delito alguno.
Esta realidad es la hipocresía más cruel que debemos soportar como ciudadanos, como sociedad. El hecho de que un condenado cumpla su condena como si fuera una infractor al Código de Convivencia de un condominio. Una burla que sólo pone en evidencia la falta de compromiso e incapacidad de los encargados de hacer las leyes, que son nuestros representantes (léase legisladores, que pronto votaremos) y la impotencia de los que tienen que aplicarlas.

F. V.
DNI 12672509