Los trabajadores de las fábricas militares de Villa María y Río Tercero recibieron ayer un contundente respaldo a su constante lucha para alejar definitivamente el fantasma de la privatización que se asomó en la década pasada y que, afortunadamente, nunca se materializó.
En la sede del Concejo Deliberante, se concretó el aval de legisladores e instituciones, al proyecto de ley que está en el Congreso nacional y que propone la transformación de la Dirección General de Fabricaciones en una Sociedad del Estado.
“Los trabajadores tuvimos fuerza y pudimos parar el proceso de aniquilación de Fabricaciones. Somos unos agradecidos a la comunidad que nos apoyó”. Las palabras del secretario General de la CTA provincial y miembro de la conducción de ATE, Oscar Mengarelli, reflejaron el sentido de una nueva jornada buscando el apoyo para conseguir las leyes necesarias que despejen en forma definitiva el camino hacia el futuro de empresas productivas de extensa trayectoria e importancia en el país.
No estuvieron presentes todos los legisladores invitados, pero ofrecieron el apoyo mediante notas y en ese punto radicó la importancia del debate en la Casona de Pereira y Domínguez que se extendió por más de una hora con el recinto colmado.
En la cabecera y junto al anfitrión Javier Suppo (titular del Concejo) se ubicó la diputada nacional Nora Bedano (única integrante del Congreso nacional presente). En la mesa principal estuvieron, además, Mengarelli; el presidente del bloque Frente Unión por Córdoba Partido Justicialista, Carlos De Falco; la presidenta de la Democracia Cristiana, Rosa Cámpora; el concejal del Frente Cívico y Social, Carlos Andrada; el secretario General de ATE, Jorge Heredia; el director de la Fábrica Militar de Pólvoras y Explosivos de Villa María, coronel José María Vega, y el secretario General de ATE Río Tercero, Cristian Colman.
En la platea, estuvieron entre otros los legisladores provinciales Marcelo Frossasco y José Luis Scarlatto, representes de instituciones, de ATE, concejales, integrantes de la CTA local, asesores de diputados y senadores. Numerosos trabajadores de Fábrica Militar siguieron el encuentro desde la galería.

Plena participación

Después de recordar la historia de la lucha para evitar la privatización, Mengarelli remarcó que “por primera vez en treinta años de historia, hubo plena participación de los trabajadores en la redacción del proyecto que hoy está en la etapa de análisis en el Poder Legislativo nacional.
El sindicalista precisó la importancia de “prohibir la incorporación de capitales privados al Directorio”.
“Fabricaciones Militares tenía muchas trabas burocráticas, por eso era necesario discutir una ley para profundizar su desarrollo. Lo comenzamos a hacer con las autoridades nacionales por primera vez en 30 años, y consideramos que este proyecto nos representa, porque permite al Estado asociarse a un privado, pero no incorporarlo al Directorio. Debemos lograr que esta ley sea tratada y aprobada en el menor tiempo posible”, aseveró Mengarelli.
Durante la asamblea hablaron, además, diversos actores apoyando el proyecto enviado al Congreso por la presidenta Cristina de Kirchner (ver recuadro “Voces en el recinto”). Por su lado, el intendente Eduardo Accastello no pudo estar presente pero envió una nota brindando su apoyo.

Modificaciones

Los trabajadores, a través de la conducción de ATE, elevaron a los diputados nacionales una serie de modificaciones al Anexo del proyecto original que contiene el Estatuto Social.
Entre las propuestas, plasmadas en una nota, se encuentra la incorporación de un director elegido por los trabajadores de Fabricaciones Militares Sociedad del Estado. “Esto implicaría para la empresa estatal un aporte cualitativo respecto de la administración y organización de la industria”, remarcó la propuesta.
En el mismo sentido, propusieron la incorporación de un síndico también elegido por los trabajadores.
También, manifestaron sus reparos a “dejar librado a la voluntad de un Directorio la posibilidad de ‘suprimir, reestructurar o trasladar’ las dependencias, implicaría, por ejemplo, la posibilidad de cerrar una de las cuatro fábricas que sobrevivieron al desguace del Estado”. En este aspecto, pidieron que, para este tipo de situaciones, se requiera autorización legislativa.