Un proyecto de ordenanza del bloque de concejales de Unión por Córdoba-Frente para la Victoria estipula que el 20% de las viviendas construidas ya sea mediante planes de los gobiernos municipal, provincial o nacional, sean destinadas a familias integradas por al menos una persona discapacitada, de cualquier edad, o por menores de 18 años que tengan problemas de salud crónicos o psicofísicos que demanden un tratamiento prolongado o cuidados especiales.
Es un hecho que la propuesta de la bancada oficialista se convertirá en norma próximamente, ya que en caso de que los ediles de la oposición (los radicales Javier Pérez y Sandra Bailone, y la integrante del bloque unipersonal de Todos por San Martín, Olga Vivas) manifiesten su desacuerdo, bastará con los votos de los concejales que elaboraron la propuesta, que son mayoría en el cuerpo legislativo presidido por Francisco Bordini.
En la mañana de ayer, Bordini, junto con Mauro Bizarri, Angela Forneris y Carla Alzugaray -presidente e integrantes del bloque Unión por Córdoba, respectivamente- dialogaron con EL DIARIO e indicaron que para acceder a dicho beneficio deberán presentarse los respectivos certificados médicos oficiales, además de informes socioeconómicos.
Atento a que Javier Pérez había presentado el año pasado un proyecto similar, que contemplaba a las personas trasplantadas, los entrevistados advirtieron que la nueva propuesta complementa a la del legislador radical, la que había quedado en comisión.

Adhesión a una ley

Por otro lado, en comisión se estudia un proyecto oficial que adhiere a la ley provincial de Mujer, Niñez, Adolescencia y Familia de la provincia de Córdoba. De aprobarse, se estará dando autorización al Gobierno de Guillermo Cavagnero para firmar convenios con la delegación villanovense de la Secretaría de la Mujer, Niñez, Adolescencia y Familia, la cual dirige Griselda Esparza, ex secretaria de Acción Social de la comuna, una de las “soldados” del ex intendente y hoy legislador provincial Marcelo Frossasco.
Por otro lado, otro proyecto del oficialismo también quedó en comisión. Se trata del que busca preservar el asfalto urbano, regulando la futura conexión de cloacas. Así, intentan frenar la rotura del asfaltado. La norma dictaminaría la preservación por espacio de cuatro años.