A través de una nota remitida ayer al intendente Eduardo Accastello, los integrantes del Tribunal de Cuentas Francisco Maristany y José Naselli, luego de varios meses sin obtener respuestas por sus pedidos de informes, acusaron al intendente Eduardo Accastello por violar el código de ética.
"Su reticencia, negativa y negligencia, en la producción sobre los requerimientos efectuados, además de constituir un entorpecimiento de nuestras facultades investigativas, no solamente constituyen una falta grave en sus obligaciones como intendente sino que, a nuestro juicio, se enmarcan en la violación reiterada del ‘Código de Etica de la Función Pública’, especialmente en cuanto a los principios de legalidad y transparencia", fustigaron Naselli y Maristany.
Los funcionarios en la misiva también expresaron su "profunda perturbación” del ánimo por los "obstáculos e impedimentos" provocados por el "incumplimiento liso y llano" por parte de las obligaciones que la Carta Orgánica Municipal impone al intendente.
Puntualmente, los tribunos le achacan al jefe del Ejecutivo local no responder "en tiempo y forma, a distintas solicitudes de informes sobre diversos aspectos del quehacer comunal, imprescindibles" para el cumplimiento con la tarea de control.
En otro de los párrafos de la dura misiva hecha ingresar ayer al Palacio Municipal, sus autores advirtieron que de persistir, el intendente, "en sus omisiones y entorpecimiento de actividades", se dirigirán a estrados judiciales para "lograr que se respeten íntegramente sus derechos como miembros del Tribunal de Cuentas".

Enmudecidos

Al hacer foco en los temas por los cuales se pidieron informes, los tribunos señalaron el del aval otorgado por Accastello (en nombre del municipio) para la concreción de la operatoria de compraventa de doce chasis Volkswagen entre la empresa privada Trans Bus SRL y Corcam SA.
Los datos sobre el estado contable de Trans Bus y si la empresa cumple con las obligaciones tributarias a su cargo se cuentan además entre lo reclamado por los que quieren "conocer quiénes son los dueños reales de los colectivos".
Pero el silencio del Ejecutivo no se agota en lo relacionado con el transporte público. Las funciones “de alto rango” y buena remuneración que realiza Jorge Barrera en el municipio y la imposibilidad de otorgar las escrituras traslativas de dominio a los adjudicatarios de las “400 viviendas”, se añaden en el obcecado y hermético mutismo oficial .