La Municipalidad llevó al Colegio de Abogados su preocupación por las familias de escasos recursos que puedan encontrarse en riesgo de desalojo por orden judicial.
Después de la situación vivida por vecinos de barrio Carlos Pellegrini, cuyas casas fueron arrasadas por una topadora, Eduardo Accastello, junto a su equipo, definió una serie de medidas, entre ellas la declaración de utilidad pública de las tierras y la unión de fuerzas con los letrados de la ciudad.
Fue el secretario de Gobierno y Coordinación General, Héctor Muñoz el encargado de poner el tema en el tapete frente al presidente del Colegio de Abogados Diego Sobrino.
La reunión tuvo lugar, en horas del mediodía de ayer, y en ese ámbito el funcionario municipal manifestó la preocupación del Gobierno y planteó una serie de pedidos para instrumentar en relación a los casos de desalojos de personas de escasos recursos.
En el edificio del Colegio de Abogados, Muñoz acompañado por el secretario Legal y Técnico, Mauro Beltrami y la secretaria de Desarrollo Humano, Mónica Lazos, solicitaron la colaboración de la mencionada entidad profesional “para que trabaje como vínculo con la asesoría letrada de Tribunales en el consejo legal de quienes se encuentren en riesgo de desalojo”.
Durante el encuentro, hubo además sugerencias. Los integrantes del Gabinete plantearon “llevar adelante la creación de una asesoría letrada gratuita que funcione en el propio Colegio de Abogados para que las familias en situación de riesgo cuenten con el abordaje legal necesario”.
Durante la reunión, los presentes coincidieron en la implicancia del tema y, según informaron oficialmente, resolvieron articular acciones. Entre las actividades que acordaron mencionaron que organizarán un registro de aquellas unidades familiares en situación de vulnerabilidad y riesgo.
Esta charla fue un complemento del proyecto que el Ejecutivo está preparando y que será remitido al Concejo Deliberante para declarar de utilidad pública y sujetos de expropiación los terrenos ubicados en ruta nacional 158 (continuación bulevar Argentino) entre calles Intendente Poretti, Intendente Correa y Marcos Juárez.
Estas tierras que originaron la polémica, tras el desalojo de dos familias, serán destinadas a viviendas sociales, según dijo el intendente Eduardo Accastello.
También, el municipio dispuso instrumentar una serie de medidas que tienen a la contención social de las familias como objetivo central y que “implican la articulación de las diferentes áreas del Gobierno municipal con actores sociales y comunitarios”.
De la reunión concretada ayer participaron; además de Muñoz, Beltrami, Lazos y Sobrino; Patricia Rodrigo, el tesorero del Colegio de Abogados, Juan Zanotti, y las doctoras Ana Gloria Fiuri y Graciela Olivieri.