Preocupados por la situación actual que atraviesa y debe enfrentar el Poder Judicial en el país, las Asociaciones de Colegios de Magistrados y Funcionarios difundieron un documento, del que se hicieron eco la Justicia cordobesa, Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales de Córdoba y los magistrados de esta ciudad.
El escrito, titulado "Justicia y seguridad; qué proponemos hacer" consta de varios ítems, bajo diversos subtítulos, que extractaremos textualmente a continuación:

Situación actual

"El principal problema a resolver entre todos los actores sociales -poderes públicos nacionales, provinciales y municipales, dirigencia política, económica y social y la ciudadanía toda- está dado por el sostenido aumento de los casos penales y conflictos de todo tipo que afligen a la sociedad en su conjunto, prisionera entre el miedo y la impotencia, que se traduce en una sensación profunda de inseguridad.
(...) En Argentina se generan más de 4.000.000 de conflictos que se judicializan por año. De ellos, una cifra cercana a la mitad, se trata de asuntos penales. Con esta cantidad de casos no puede convivir la población ni el sistema judicial, se haga con él lo que se haga. Las cárceles de todo el país están superpobladas, las leyes penales fueron endurecidas y la situación no cambia ni mejora.
A esta situación aporta sustancialmente la crisis de valores que afecta profundamente a la población y, por ende, cualquier solución que se proponga no debe desatender un nuevo pacto social relativo a la vigencia de la ley y el respeto por los derechos del otro. Revalorizar la ley es una tarea de todos, principalmente de los poderes públicos (...).

Algunas vías de solución

Más allá de los diagnósticos y enunciados, las entidades que firman el documento avanzaron diseñando estrategias para avanzar en la solución de una situación tan preocupante como complicada. Proponen:
"Promover el compromiso moral y ético de todos los actores sociales en la puesta en valor de la ley, en particular por parte de los magistrados y funcionarios judiciales. Fomentar políticas públicas de educación que se dirijan específica y concretamente a enseñar a los niños y jóvenes el cumplimiento inexorable del derecho positivo vigente y que convenzan que por esa vía se lograrán superar los trazos sociales y concretar la realización individual de los derechos de los ciudadanos."
Asimismo, los magistrados sugieren la "simplificación y duración razonable de los procesos para, de este modo, descargar los sistemas judiciales (...) en parte evitándolos mediante prevención eficaz, en parte transfiriéndolos de los pesados y colapsados sistemas formales en un nuevo sistema más ágil e informal de justicia simplificada y de proximidad geográfica. Para construir este cordón de atención primaria de conflicto resulta imprescindible el concurso de los tres poderes del Estado en todos los niveles".
La Asociación de Magistrados apela también a que "se debe llevar la mediación extrajudicial a un punto de actuación que la convierta en el primer nivel de respuesta al conflicto, para que sean las propias partes interesadas las principales protagonistas del hallazgo de la solución. Para ello hace falta, más que leyes, planes integrales de fomento de la mediación, con campañas de difusión.
También proponen "propiciar las reformas que resulten necesarias y apoyar las que están en marcha".

Propuesta

El tercer ítem, desarrollado bajo el título "Propuesta", apunta a la "creación de un fondo nacional estructural", y sostiene que "desde el Preámbulo de la Constitución Nacional se establece que le corresponde al Estado Nacional ‘afianzar la justicia’ y ‘asegurar los beneficios de la libertad’ en toda la República.
Por tal motivo, los Colegios de Magistrados convocan "a los jueces, fiscales, defensores y funcionarios del Poder Judicial y del Ministerio Público a expresar su apoyo a la petición que se le hace a los poderes públicos nacionales y provinciales".