Héctor Rubén Ossés, Eduardo Daniel Menard y Mario Raúl Tamagno fueron designados como comisión Normalizadora de la Sociedad Rural Villa María, en virtud de que la Dirección de Inspección de Personas Jurídicas, dependiente del Ministerio de Justicia de Córdoba, dispuso la intervención de la entidad.
La medida se basa en la declaración de “irregular e ineficaz” de la asamblea del 12 de noviembre de 2008, donde fue elegido el grupo opositor al ex presidente de la Rural, Gonzalo Rial Núñez, por lo que, al anular la elección, la entidad se queda sin autoridades. Declaran de igual forma a la asamblea del 30 de enero de 2009, donde se trató bajo el nombre de “Movimiento de socios”, la expulsión de Rial Núñez como miembro de la Rural.
La comisión Normalizadora deberá convocar a una asamblea en un plazo de 60 días para elegir a las nuevas autoridades.
Con la resolución en la mano, Ossés y los otros miembros de la comisión fueron a tomar posesión del lugar.
Para ello convocaron a las empleadas, quienes llamaron a los miembros de la comisión presidida por Lorenzo Bruera. Se presentó el vicepresidente, José Munárriz, junto al abogado Marcelo Martín Silvano.
El letrado pidió la presencia de un funcionario público, porque aludió que no fueron notificados de la resolución. Así fue que se hizo presente la Policía. También estuvo una escribana pública.
“Es lógico que no comuniquen la resolución a autoridades que desconocen. La comunicaron a quienes designaron como comisión Normalizadora y nosotros aceptamos”, dijo Ossés a EL DIARIO.
“Tomamos posesión del lugar pero faltan los libros que al parecer, no están en la entidad”, agregó.
“Nosotros no hubiéramos recurrido a la Justicia y a la Dirección si hubieran estado abiertos al diálogo. Pero desde que asumió esa supuesta comisión, se negaron a escucharnos y no nos dejaron otra vía”, argumentó.
Munárriz y Silvano prefirieron no abundar en declaraciones porque, aseguraron, la medida los tomó por sorpresa.
El organismo provincial acusa recibo de las impugnaciones de un grupo de socios y pide, en consecuencia, la documentación a las por entonces, autoridades de la Rural. Ellos contestan que la cuestión no es competencia de Inspecciones Jurídicas.
Además, cuando piden los libros para analizar porqué hay actas cuyos números no mantienen un orden correlativo con las fechas, envían copias mecanografiadas y no las del libro en cuestión.
Finalmente, entienden que es ambiguo tratar un tema bajo el rótulo “movimiento de socios”, cuando en realidad se trata de hechos puntuales como la expulsión del hasta entonces presidente de la Rural.