En el marco del conflicto con el titular de Seguridad Ciudadana del municipio, la jueza de Faltas Lilian Sosa entregó a EL DIARIO un extenso comunicado, cuyas partes principales son las siguientes:
• “Las actas de constatación o infracción son la base o acto inicial del procedimiento administrativo de Faltas, y el legislador es que ha previsto que sea el funcionario municipal que actúa en la órbita del Departamento Ejecutivo Municipal y que de él depende, el que compruebe el hecho contravencional y no el juez de Faltas.”
• “La normativa vigente dispone que las actas contengan una serie de requisitos sumamente elementales; por otra parte, que en caso de ser omitidos no pueden ser subsanados ni convalidados posteriormente. Entre los requisitos podemos mencionar fecha, hora, nombre, apellido, domicilio, el hecho infraccional. Si los mismos se omiten, ¿a quién juzga esta jueza? ¿Por qué hecho se sanciona? Esta jueza debe resguardar en garantía del presunto infractor, el debido proceso, la defensa en juicio y el principio de inocencia. Un acta incompleta atenta contra la defensa en juicio.”
• “Lo extraño de las diversas declaraciones del funcionario, Fabián Pastorak, es que el subsecretario es quien ordena efectuar las inspecciones y labrar las actas que da origen al procedimiento de la Justicia Administrativa de Faltas, pero luego se solidariza con la infractora y prescindiendo de la infracción constatada por él, efectúa un juicio de valor de la sanción cuyo análisis no es de su competencia.”
La magistrada luego aclara sobre el episodio publicado por EL DIARIO el sábado, que hizo alusión a que Pastorak y la secretaria de Gobierno Sandra Bossa tuvieron que restituir un vehículo cuyo conductor había cometido una infracción, ya que “la jueza no ordenaba la entrega del mismo”.
• “El funcionario aún no comprendió que es un auxiliar de la Justicia Administrativa de Faltas, y no tiene por qué abrogarse la facultad de juzgador y que ante la comunicación del Juzgado sólo debe proceder. Sin embargo nada de ello ocurre. Por el contrario, quien no procedió a la entrega o restitución del bien fue Pastorak, que a pesar de recibir cuatro comunicaciones, que llevó personalmente el infractor, con toda la documentación, libre infracción y a los fines de la entrega de la unidad en cuestión, sin embargo se negó en todas esas oportunidades a la entrega, exigiéndole al ciudadano otro tipo de comunicación o concurrencia al lugar del juez de Faltas a entregar la unidad.
Ante la negativa del funcionario, que decidió caprichosamente el 1 de junio no recibir la comunicación que hasta el 29 de mayo había recepcionado, esta magistrada debió remitir la quinta y última comunicación en la que se expresa: “...ante su negativa injustificada… no existiendo causal que así lo autorice… o existe causa alguna para impedir la libre disposición del bien… la conducta reticente de vuestra parte se encuentra en la órbita de su exclusiva responsabilidad…”.
Es correcto que haya intervenido Sandra Bossa, porque el funcionario, renuente, remiso, depende de su Secretaría y es la única encargada de hacerle deponer la actitud y por el cual debe responder. El proceder de dicho funcionario ha ocasionado molestia, malestar a los ciudadanos. Asimismo, “interfiere con el accionar de la Justicia de Faltas donde todo su personal, con la idoneidad que los caracteriza, se abocaron durante esos días a resolverle la situación al contraventor, a pesar de no depender del Juzgado la demora, ocasionando un verdadero desgaste jurisdiccional”.

@ Las claves

• En febrero, Pastorak, funcionario de Cavagnero, dijo a EL DIARIO que el boliche alternativo Fénix funcionaba sin estar habilitado, pero que la Justicia de Faltas no actuaba. Sosa le contestó días después, desmintiéndolo • En abril, también en entrevista con este matutino, Pastorak arremetió contra la magistrada: la acusó de prejuzgar, habló de irregularidades y de quejas de la ciudadanía respecto al accionar de la jueza. Sosa prefirió el silencio • Semanas después, los ediles le pidieron pruebas a Pastorak. Fue luego de un escrito presentado espontáneamente por la jueza, en el que emite su descargo • Ahora, el Gobierno envía un proyecto de ordenanza vinculado a este tema y la oposición rechaza aprobarlo de inmediato.