Un proyecto de ordenanza que giró el Departamento Ejecutivo al Concejo Deliberante colocó anteanoche en el ámbito legislativo la tensión existente entre el Gobierno de Guillermo Cavagnero y la jueza de Faltas, Lilian Sosa.
El mismo establece el procedimiento en cuanto a la forma, modo y condiciones a las que se ajustará la Dirección de Tránsito Municipal y el Juzgado Administrativo de Faltas para proceder al secuestro de vehículos automotores y motovehículos y su restitución. Por estas circunstancias hubo un nuevo y reciente cortocircuito entre Sosa y Fabián Pastorak, titular de la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana (ver página 10).
La propuesta contempla que los vehículos secuestrados y colocados en el depósito municipal se encontrarán bajo la guarda del Juzgado de Faltas. La entrega de los mismos será ordenada por la jueza mediante oficio que deberá dirigir a la dependencia que conduce Pastorak. La semana pasada, fue muy comentado el episodio de un infractor que debió sortear numerosos inconvenientes para que le restituyan el rodado.
El martes, la secretaria de Gobierno Sandra Bossa presentó el anteproyecto y los ediles del oficialismo intentaron, sin suerte, aprobarlo en la sesión de anteanoche, sobre tablas. La oposición, representada por los radicales Sandra Bailone y Javier Pérez y la edil de Todos por San Martín, Olga Vivas, pisó el freno.
Llamativamente, el bloque presidido por Mauro Bizzarri buscó convencer de que se trate la iniciativa, para recién luego desmenuzarlo en comisión.
Los concejales opositores expresaron que la urgencia del Ejecutivo por la aprobación les despertaba dudas. Bailone solicitó, como paso previo a dar el visto bueno, la presencia de la jueza de Faltas en el órgano legislativo.
En ese momento, se planteó un cuarto intermedio para realizar una nueva sesión ayer al mediodía. Sin embargo, en la víspera la misma no se concretó.
Lo que sí sucedió fue una reunión con Sosa, de la que surgió que hasta el martes, la magistrada de Faltas analizará la iniciativa del Gobierno para dar su punto de vista.
El miércoles, en el recinto se encontraba el ex candidato a intendente, Germán Bicego y otros miembros del radicalismo. En el momento de la palabra libre, el secretario del comité de circuito local de la UCR y profesor de Historia cuestionó con dureza que se contemple en el proyecto el cobro de diez pesos diarios -actualmente no se cobra- a cada vehículo que esté retenido en el depósito, cifra que consideró de carácter “leonino”. Además, Bicego habló sobre los rumores que indican que el inmueble en que funciona el depósito vehicular pertenece a “un familiar de un funcionario público”, en alusión a la esposa del secretario de Finanzas Alejandro Díaz. “Van a remover los automóviles por medio de grúas... Villa Nueva no cuenta con grúas, ¿habrá un negocio con las mismas?”, atacó.
Consultado ayer por EL DIARIO sobre las expresiones de Bicego, Bizzarri señaló que “parecería que a muchos dirigentes le molesta que el justicialismo esté transformando la ciudad desde hace diez años”.
“Si tienen alguna duda, vayan a la Justicia. No tenemos constancia de que el depósito (ubicado en calle Deán Funes) sea de un familiar de un funcionario, y respecto a las grúas es cierto que actualmente no hay, pero se pueden reacondicionar vehículos para eso.”
“Son cómplices si no denuncian ante la Justicia”, añadió.