El bloque de concejales de Unión por Córdoba-Frente para la Victoria, aprobó ayer el proyecto de ordenanza elaborado por el Poder Ejecutivo referido a la remoción de vehículos cuyos conductores cometan infracciones, y que había originado cortocircuitos con la oposición hace una semana.
La bancada presidida por Mauro Bizzarri dio el okey aunque luego de realizar modificaciones a la iniciativa original. El radicalismo, representado por los ediles Javier Pérez y Sandra Bailone, se escudó “en las dudas y la poca transparencia” para bocharlo.
El tratamiento parlamentario de la propuesta se dio bajo el fantasma del conflicto entre el Gobierno de Guillermo Cavagnero y la jueza de Faltas, Lilian Sosa, quien no emitió opinión sobre el nuevo proyecto.
Como se recordará, la magistrada de Faltas se reunió la semana pasada con los concejales del oficialismo por el tema, un día después de la sesión legislativa en la que esta bancada quiso tratar sobre tablas el proyecto.
Bizarri indicó ayer que Sosa “agradeció la participación que le dio el Concejo Deliberante pero no emitirá juicio porque respeta la división de poderes, y señaló que aplicará lo que se sancione como ordenanza”.

@ Cambios

La iniciativa que establece el procedimiento en cuanto a la forma, modo y condiciones a las que se ajustará la Dirección de Tránsito Municipal y el Juzgado Administrativo de Faltas Municipal para proceder al secuestro de vehículos automotores y motovehículos y su restitución, salió con cambios respecto al original.
Uno de ellos refiere a los gastos de estadía del vehículo. El Ejecutivo planteó cobrar diez pesos diarios por cada día que el rodado esté en el depósito, pero se bajó al equivalente a comprar un litro de nafta súper en una YPF local, en los primeros diez días, y a lo equivalente a tres litros para las jornadas siguientes.
Respecto a la erogación que tendrá que realizar el infractor por el traslado, se tendrá en cuenta el peso del rodado, lo que causará un pago que equivaldrá al precio de entre 15 y 30 litros de nafta súper, de la citada petrolera.
Los ediles radicales enfatizaron que no hubo respuesta oficial a sus pedidos de informes, como el relacionado al depósito en que se guardarán los coches. La juecista Olga Vivas opinó igual y tampoco levantó la mano.