El acuerdo entre un sector de los exportadores y el Estado nacional fue duramente cuestionado en un informe técnico de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), porque entienden que pierden los productores y también el Estado deja de recaudar beneficiando a un puñado de exportadores.
Punto por punto, esto dice el informe:
1-Estimación de la transferencia de recursos desde los productores hacia la exportación.
El 4 de mayo de 2009 el Estado nacional, con la presencia de su presidenta Cristina Fernández de Kirchner, firmó un acuerdo con algunas empresas exportadoras de trigo donde se determinó una cuota de exportación de un millón de toneladas para la campaña 2009/10 sujeto a haber pagado el precio pleno a los productores por un volumen similar y pagar los derechos de exportación al momento en que se autorizaban los ROE, teniendo como contrapartida una validez de los ROE de 365 días. Esta semana se volvió a firmar otro acuerdo por otro millón de toneladas adicional con la misma lógica que el anterior.
Del seguimiento de los precios pagados por la exportación se observaron las siguientes irregularidades:
* El precio que pagan los exportadores a los productores de trigo era y es muy inferior al “precio pleno” que quiere asegurar el Gobierno, con descuentos del orden del 25%, lo que implicaba una retención efectiva del orden de más del 45%.
* Los precios pizarras no reflejan la realidad del mercado, ya que por su sistema anacrónico se pueden fijar con pocas operaciones y es lo que efectivamente ha estado y está ocurriendo.
* El precio FOB OFICIAL que determina la Sagpya, y del cual se calculan las retenciones que deben pagar los exportadores, es muy inferior a lo que refleja el mercado internacional. Está claramente especificado cómo debe calcularse en la resolución 331/2001 y además la resolución de la Sagpya 447/2006 aclara que “los precios que se fijen conforme al Artículo 1º deberán ser representativos de la realidad y dinámica de los mercados y se ajustarán diariamente, en función de las variaciones que evidencien los mismos".
* La firma del acuerdo concentra el negocio de exportación en pocas manos y deja de lado a otras firmas exportadoras a poder exportar, ya que no firmaron el acuerdo lo cual elimina la poca competencia que existía en este mercado.
* Al eliminar las estadísticas oficiales sobre las compras del sector exportador, para oscurecer más estos acuerdos, no se puede determinar de forma transparente cuánto ha comprado efectivamente el sector exportador. Esto pone un manto de duda sobre la transparencia de estos acuerdos.
* Acuerdo para unos pocos: el acuerdo da una preferencia a los productores más grandes que pueden acceder a estos precios por sus condiciones de negociación y sus relaciones con los exportadores. Son escasos los productores que acceden al “beneficio” de los precios del acuerdo.

Un acuerdo que perjudica al Estado

El año 2009 en materia de ingresos fiscales así como en la generación de divisas se presenta como un año difícil para el Estado nacional y el conjunto de los argentinos. Caída fuerte en el nivel de actividad, reducción de la recaudación, en términos reales, y el menor volumen de exportaciones, el escaso ingreso de capitales y el aumento en los vencimientos de deuda generan una menor oferta de dólares que producen una presión sobre el tipo de cambio.
Sin embargo, analizando el desempeño del acuerdo entre el Gobierno nacional y los exportadores vemos que el Estado resigna cuantiosos recursos. Esta pérdida de ingresos surge del valor sobre el cual se calculan los derechos de exportación que determina la Sagpya y que es muy inferior a lo que refleja el mercado.
Del estudio se puede apreciar que el Estado está resignando un 17% de recaudación, lo que significa 21 millones de dólares menos de recursos al Estado.