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Naselli y Maristany presentaron ayer en la Fiscalía de Turno el pedido de investigación para que la Justicia determine si hubo delito en las transferencias de fondos |
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José Naselli (Democracia Cristiana) y Francisco Maristany (Frente Cívico) presentaron un escrito en la Fiscalía de turno, a cargo de Gustavo Atienza, para que la Justicia investigue y determine “si ha existido conducta delictiva estableciendo grados de participación y responsabilidades”.
La presentación es consecuencia de una resolución de los tribunos de cuentas de la oposición, en la que rechazaron la transferencia al Eninder de más de 400 mil pesos entregados por la Nación a la Municipalidad de Villa María. En esa resolución, fechada el 22 de junio, tras argumentar el rechazo, Naselli y Maristany indicaron que iban a elevar una copia a la Justicia Penal para que ésta determine “si en las contrataciones directas y transferencias de fondos realizados por el municipio hacia el Eninder, ha existido conducta delictiva por parte de quienes hayan intervenido en los procesos”.
El argumento por el cual rechazaron la transferencia se basa en que los fondos son otorgados a la Municipalidad por la Nación. Entienden que la Municipalidad tiene que afrontar la obra en base a los procedimientos de contratación y de control establecidos en la Carta Orgánica. Al hacer las obras vía Eninder “un ente extraño a los convenios originales”, “sustraen-del control del Tribunal de Cuentas- los cuantiosos fondos, las millonarias sumas pagadas por la Nación”.
Califica como “al menos insólita” la situación generada en la transferencia dado que el intendente Eduardo Accastello, como jefe comunal de Villa María, pide el pase de fondos al Eninder, presidido por él mismo. “Es decir, que Accastello maneja igual el dinero, sin el control del Tribunal”, indicaron los tribunos. En ese contexto, el órgano de control queda convertido en “un eslabón de un simple pasamanos de millones y millones de pesos, de cuya administración, que sepamos, se ha perdido todo rastro”, según indican en la resolución.
Finalmente, Naselli explicó que funcionarios del Ejecutivo y concejales oficialistas los acusan de llevar adelante una estrategia electoralista. “Nosotros no elegimos la fecha. El pedido de transferencia fue el 16 de junio y contamos con cinco días para expedirnos. El apuro para tener los fondos lo tienen ellos, no nosotros”, concluyó.
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