El Tribunal Oral Federal Nº 4 fijó un plazo máximo de 80 días para la conclusión de todas las medidas de prueba ordenadas en el juicio que se realiza por el accidente del avión de la empresa LAPA, registrado en Capital Federal el 31 de agosto de 1999, en el que murieron 65 personas, entre ellas el sindicalista villamariense Aldo César Serrano.
Con ese fin, el tribunal dispuso una serie de medidas, entre ellas una pericia contable para conocer quiénes fueron accionistas de la aerolínea, y las inversiones y gastos realizados entre 1997 y 1999 en inspecciones de aeronaves y motores, compras de repuestos, mantenimiento, reparaciones y adquisición de equipos.
Días atrás, el tribunal, integrado por Leopoldo Bruglia, Cristina Sanmartino y Jorge Gorini, recibió un informe según el cual la “caseta” de gas ubicada en el complejo Punta Carrasco, y que según peritos pudo haber influido en la evacuación del avión y en la cantidad y gravedad de los damnificados por el siniestro, fue removida del lugar.
“Un obstáculo menos”, acotó una fuente vinculada a la causa, que recordó que la construcción -ahora sorteada- permanecía en el mismo lugar a casi nueve años del hecho, según un relevamiento realizado meses atrás por el secretario del tribunal, Eduardo Méndez.
Entre las medidas de prueba ordenadas por los magistrados, figura un pedido de informes al jefe del Ejército, Luis Pozzi, para que “en el plazo perentorio e improrrogable de tres días” remita al tribunal el Legajo de Vuelo del comandante Gustavo Weigel, el piloto del avión siniestrado, fallecido la noche del hecho.
Los jueces quieren conocer “todos los antecedentes” y los nombres de los instructores de Weigel, quien antes de desempeñarse como piloto civil lo hizo en el ámbito del Ejército.
Además, para avanzar con una lista que aún tiene más de un centenar de casos pendientes de producción (entre ellos el del cineasta y piloto Enrique Piñeyro), se ordenó al Cuerpo Médico Forense que se expida sobre la salud de dos testigos, para saber “si se encuentran en condiciones físicas y síquicas de declarar”.

Testigos ausentes

La dificultad para convocar a testigos había sido transmitida a la Justicia Electoral con el propósito de obtener el próximo domingo y con la colaboración de las autoridades de mesa, los domicilios de quienes debían declarar en el juicio, pero la jueza Federal María Servini de Cubría se opuso a esa alternativa.
Según la magistrada, “la única forma” de llevar adelante la medida “sería a través de fuerzas de seguridad no afectadas al acto electoral, las cuales de ninguna manera podrían anunciarse ante los presidentes de mesa ni alterar el sufragio”.
Hace algo más de un mes una de las abogadas querellantes, María Martínez, pidió al tribunal que, para no desnaturalizar el objeto del juicio oral y el derecho a obtener en un justo tiempo un pronunciamiento judicial, se determinara la cantidad de testigos que faltaba declarar y la conclusión del debate.
La causa se inició por el accidente del avión de LAPA en la costanera norte de la Capital Federal, en lugar cercano al Aeroparque Metropolitano “Jorge Newbery”, cuando un vuelo con destino a la ciudad de Córdoba no pudo despegar y colisionó con rejas perimetrales y automóviles que se desplazaban por el lugar.
Están procesados por “estrago culposo” el ex presidente de la compañía aérea, Gustavo Andrés Deutsch; el ex vice, Ronaldo Boyd, y los ex empleados jerárquicos Fabián Chionetti, Nora Arzeno y Gabriel Borsani, y, por “incumplimiento de los deberes a su cargo”, los ex oficiales de la Fuerza Aérea Damián Peterson y Diego Lentini.