Un grupo de seis personas, integrado por alumnos, profesores, egresados y ciudadanos, manifestó su repudio a una resolución dictada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) del 27 de mayo de 2008, por la que se distribuyó 50 millones de pesos entre las distintas universidades del país, entre las que se incluye la casa de altos estudios local.
Alejandra Peano concurrió a EL DIARIO y dejó un escrito firmado por Derna Montero, Florencia Delgado, Vanina García, Rebeca Cena, Miguel Tristán y ella, en el cual fundamentó la oposición en que "esos fondos provienen de la explotación minera a cielo abierto, por parte del emprendimiento Bajo la Alumbrera de Yacimientos Mineros de Aguas de Dionisio, ubicado en la provincia de Catamarca".
"Este año, bajo la Resolución 699 decretada el 18 de mayo de 2009, el CIN aprobó una nueva distribución de 36,8 millones, de los cuales se destinarían un millón de pesos a la Universidad Nacional de Villa María", señalaron.
"Aunque son bien conocidas por gran parte de la ciudadanía las consecuencias que provoca la explotación de las minas a cielo abierto sobre el medio ambiente y la salud de la población, vale recordársela a las autoridades" de la casa de altos estudios villamariense, dirigida por Martín Gill, indicaron los firmantes de la nota.
Entre ellos, puntualizaron: el uso indiscriminado del agua, cien millones de litros por día, que causó la desaparición de actividades agrícolas en las zonas aledañas. También, la contaminación del agua, suelo y aire por el uso del cianuro por esta explotación y la destrucción de los glaciares, entre otros.
Los ciudadanos advirtieron sobre el crecimiento de casos de cáncer y enfermedades respiratorias en las zonas de explotación y dieron datos precisos sobre ello.
En tanto, manifestaron que el vicepresidente primero de la Alumbrera, Julián Rooney, fue procesado por la Justicia Federal por el delito de contaminación peligrosa para la salud. "Este fallo en contra de un alto funcionario de una multinacional en Argentina es inédito en América Latina", remarcaron.
Los vecinos consideran que recibir los fondos de la minería "y no tomar una actitud crítica frente a los mismos, es ser partícipe del genocidio y saqueo de los recursos naturales ejercido por las multinacionales, en complicidad con los gobiernos".
Exigen que la Asamblea de la UNVM se pronuncie y rechace los fondos.
Cabe consignar que Gill es vicepresidente del CIN.