Como una medida preventiva, en el marco de las acciones que se llevan adelante para cortar la cadena de contagio de la gripe A (H1N1), el Concejo Deliberante sesionó ayer a puertas cerradas.
Al mediodía -contrario a lo habitual, ya que convencionalmente sesiona a las 20-, los ediles acudieron al recinto, con ausencias por cuestiones de salud: no estuvo presente la concejala oficialista Angela Forneris ni la de Todos por San Martín Olga Vivas.
Tal como adelantó EL DIARIO ayer, se sancionó la ordenanza que obliga a las estaciones de servicio que expenden gas natural comprimido a contar con sillas de ruedas, para atender así la situación de personas con discapacidades, ya que al momento de cargar combustible se debe descender del vehículo.
La iniciativa del edil Javier Pérez se transformó en una de las primeras y pocas normas con sello radical en un año y medio.
Las sillas deberán estar en un lugar visible y señalizado en cada estación. Habrá que contar con una cada siete bocas de expendio (si la estación tiene menos de esas bocas, deberá disponer de una).
La multa por infringir la ordenanza será de pesos equivalente a entre 500 y 3.000 metros cúbicos de GNC.

Proyectos y notas

En tanto, el DEM (Departamento Ejecutivo Municipal) elevó una nota para que ediles avancen en un proyecto por el cual se determinen parámetros de emisión y calidad del aire.
El mismo se basa en la premisa de que las emisiones gaseosas necesitan ser controladas por las consecuencias en la salud humana y en el ambiente, ante la radicación (desde hace años) de una significativa cantidad de industrias de fundición en la ciudad, que generan vertidos de afluentes gaseosos a la atmósfera.
El Gobierno subrayó que las normativas a nivel nacional y provincial en materia de aire resultan insuficientes para la problemática planteada en Villa Nueva.
La comuna ya tiene una ordenanza que regula a las plantas de fundición.
En tanto, la radical Sandra Bailone presentó una nota en la que demanda la colocación de nomencladores en todas las calles y cortadas y un proyecto de resolución con el que intenta conocer las deudas que quedaron de la gestión anterior (de Marcelo Frossasco), que no se han cancelado y las razones de esto.