En el marco de un nuevo aniversario de la fundación de la Asociación contra la Parálisis Infantil (ALPI) en la ciudad, se realizarán en los próximos meses una serie de importantes actividades.
Entre los eventos más destacados se erigen las jornadas dedicadas al análisis del marco legal que contempla en su letra a las personas con algún tipo de discapacidad.
"Los que tienen los mismo derechos no siempre tienen las mismas oportunidades", expresó la dirigente social Rosa Cámpora.
"La intención es generar un debate amplio y profundo sobre algunos aspectos legales que no todos conocen. A veces el desconocimiento y la burocracia contribuyen a las postergaciones para la gente con discapacidad", agregó Cámpora.
Según informó la titular de la entidad, las actividades comenzarán en el mes de agosto y se extenderán hasta octubre, precisamente cuando la institución cumplirá 60 años de trayectoria.
"Los encuentros serán abiertos a todo público y gratuitos. En ellos abordarán los temas profesionales en el área de la discapacidad", manifestó la dirigente social.
"La convocatoria será amplia. Invitaremos a las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales de Villa María y la región", agregó la consultada por EL DIARIO.
Al momento de precisar las fechas en que se realizarán las jornadas, la actual edil por la Democracia Cristiana señaló que "comenzarán después del 10 de agosto" y que "todo dependerá de los especialistas que vendrán de Buenos Aires y Córdoba”.
En este sentido, la integrante de ALPI aclaró que existirá una fecha especialmente pensada para profesionales de la salud locales.
En esta fecha especial, el neurólogo de la entidad, Javier Linzuaín, será el principal disertante.
“Apuntamos a que la gente de la ciudad y localidades cercanas conozcan la realidad en que funcionamos y busquemos entre todos maneras de actuar y colaborar. Comprometerse con este tipo de causas es fundamental, pero para ello hace falta conocer y sensibilizarse con la actividad”, concluyó Cámpora.

@Una mirada profesional

“En los últimos años nuestro país -incluyendo tanto al Estado como a las instituciones no gubernamentales- ha mostrado un creciente interés por promover la participación de las personas con discapacidad en el mercado ordinario de trabajo”, manifestó la abogada Elizabeth Aimar en su columna del portal Integrared. La profesional, en esta producción brindó una visión de algunas de las distintas leyes que existen.
“Esta tendencia se dio tanto ‘con’ como ‘sin’ el apoyo técnico y/o humano, y no siempre alcanzó el impacto deseado”, continúa sosteniendo el trabajo de Aimar.
“Si bien la legislación es abundante en cuanto a la inclusión y a los criterios de selección antidiscriminatorios -como por ejemplo lo normado en la Ley 25.404 sobre medidas especiales de protección para las personas que padecen epilepsia- en la realidad estas personas se ven afectadas tanto o más que el trabajador sin discapacidad. Esta situación se da por las elevadas tasas de desempleo y normas administrativas que regulan el empleo público”, explicita el documento consultado por este medio.
“Si nos detenemos en el análisis de la legislación existente, visualizamos con facilidad que las medidas para la inserción laboral de las personas con discapacidad pueden dividirse en: reserva de puestos de trabajo, incentivos en la contratación para las empresas u organismos y medidas destinadas a la adaptación de puestos de trabajo”, manifestó la letrada.

@Para lograr la integración

En este lineamiento, la legislación vigente promueve la creación de programas que deberán atender al tipo de actividad laboral que las personas puedan desempeñar, según su calificación, debiendo contemplar los siguientes aspectos:
1) “…Promoción de Talleres Protegidos de Producción; apoyo a la labor de las personas discapacitadas a través del régimen de trabajo a domicilio, y prioridad para trabajadores discapacitados en el otorgamiento o concesión de uso de bienes del dominio público o privado del Estado nacional o de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires para la explotación de pequeños comercios...”
2) Obligación de ocupar personas con discapacidad que reúnan condiciones de idoneidad en una proporción no inferior al cuatro por ciento (4%) del personal (artículo 8 Ley 22.431) en los organismos públicos nacionales, incluidas las empresas y sociedades del Estado.
3) Impulsar que en las convenciones colectivas se incluyan reservas de puestos de trabajo para personas con discapacidad en el sector privado.
Cabe recordar que las obligaciones emergentes de la Ley 24.013, en materia de regulación para la actividad laboral de personas con discapacidad, encuentra fundamento en la Ley 22.431 de protección integral de las personas con discapacidad.
La ley, en su artículo 8 y siguientes, enumera las obligaciones del Estado para con ese colectivo en cuanto a la obligación de reserva de puestos incluyendo lineamientos antidiscriminatorios relativos a las normas aplicables en la contratación laboral.
“Haciendo un análisis general, podemos ver un resultado no desalentador: en Argentina, el cupo de reserva ocupa un porcentaje medio elevado si se tienen en cuenta los cupos existentes en los países centrales, que van desde 2% en Luxemburgo a 8% en Grecia”, resalta la fuente.
“En Europa, la tendencia va hacia la reducción del cupo con un incremento de incentivos por parte del Estado, a fin de lograr la contratación de personas con discapacidad”, subraya el trabajo.
Vale decir, para concluir, que en las jornadas se analizarán un número importante de leyes que contemplan la inserción en el mercado laboral de personas con discapacidad.