A través de un documento elaborado por la Unión de Educadores de la Provincia (UEPC), Departamento General San Martín, el gremio liderado por Juan Carlos Rodríguez aseguró que llevarán a cabo “todas las acciones gremiales, administrativas y judiciales necesarias para la derogación de la Ley 9.504 (emergencia previsional) hasta recuperar los derechos previsionales de los docentes activos y jubilados y terminar así con las graves consecuencias de esta injusta norma”.
Consideran que esa ley sancionada el 30 de julio último “con la excusa de la falta de envíos de fondos de la Nación a la Caja de Jubilaciones de la provincia, provoca un grave daño a los derechos jubilatorios de los docentes.
Impone un recorte de los salarios de los jubilados, afectando especialmente a quienes ejercieron la docencia en zonas rurales o desfavorables, a los que acumularon cargos y horas cátedra o accedieron a cargos de dirección o supervisión.
La norma avanza con una reforma en el sistema previsional de la provincia, poniendo en riesgo el cobro efectivo del 82% móvil del activo, distorsiona el cálculo del haber jubilatorio, legaliza la incorporación en el salario del activo de las sumas no remunerativas, implementa una delegación de facultades extraordinarias al poder Ejecutivo y caprichosamente, incrementa en un 43% el aporte personal de los jubilados a APROSS, sin que ello signifique brindarle mejores servicios.
En el caso de los docentes, sólo tiene en cuenta el aspecto de la edad jubilatoria y años de servicio de acuerdo al régimen nacional de jubilación docente, pero elimina definitivamente el régimen especial referido al cálculo del 82% móvil y las condiciones especiales de trabajo.
La UEPC rechaza enérgicamente la actitud arbitraria y falaz del Gobierno de la provincia de Córdoba, ya que no existieron tres meses de diálogo ni balances que demuestren el supuesto déficit de la Caja”, agregaron