Desde su compromiso en defensa de los derechos humanos, la APDH desea expresar su opinión sobre la nueva etapa política que se abre luego de las elecciones legislativas recientemente celebradas.
Desde su inicio en 1975 nuestro organismo mantiene una conformación pluralista política, social y religiosa. En su relación con los gobiernos elegidos por el pueblo adoptó siempre una posición de autonomía política.
La nueva etapa política que se abre en Argentina luego del reciente proceso electoral tiene lugar en un momento sumamente importante para los pueblos de América Latina y el Caribe, cuando nuevos gobiernos adoptan posiciones de autonomía respecto de los grandes centros de poder político y económico mundial y fortalecen su relación regional mediante acuerdos de unidad como la Unión de Países del Sur, y otros.
Contribuir a fortalecer este proceso sumamente valioso es un desafío para nuestro país que no debe ser minimizado.
Afirmamos que es de suma importancia garantizar los avances que se han logrado en el campo de los derechos humanos y los valores de verdad, justicia y memoria luego de largos años de lucha del pueblo, de los Organismos de Derechos Humanos y de los movimientos sociales.
Señalamos como importantes los pasos dados que permitieron la nueva composición de la Corte Suprema de Justicia, la derogación de las leyes de obediencia debida y punto final y los indultos. Ello ha permitido reiniciar los juicios contra los responsables del terrorismo de Estado y desmantelar la ESMA para transformarla en un proyecto cultural de derechos humanos de alcance internacional, entre otros.
Pensamos que en cambio el avance ha sido mucho más lento en paliar las consecuencias del modelo neoliberal conservador, responsable – junto con sus autores – del aumento de la desigualdad social, la desocupación y la pobreza, así como de la privatización indiscriminada de nuestros recursos naturales y de la destrucción del aparato productivo.
Afirmamos que hay mucho camino que recorrer hacia una democracia de mayor contenido, para lo cual es preciso fortalecer la independencia de la Justicia de modo que permita su ejercicio responsable, basado en la ley y el derecho.
Asimismo deben acelerarse los juicios a los responsables de delitos de lesa humanidad durante la dictadura militar. Para ello es preciso tomar decisiones políticas, jurídicas y administrativas que favorezcan el funcionamiento de los Tribunales mediante el nombramiento de jueces y fiscales idóneos, con la debida provisión presupuestaria, así como equipo y personal jurídico.
Afirmamos la importancia del lugar del Estado como responsable del correcto funcionamiento de las Instituciones de la Nación al servicio de toda la población.
Afirmamos que debe ser una clara decisión política la defensa de los derechos económicos, sociales y culturales del pueblo, especialmente para aquella parte de la población más postergada, como familias pobres o en situación de calle, niños y niñas con hambre y adultos en esa misma situación , madres solas, adultos mayores , obreros sin trabajo y trabajadores precarizados.
Afirmamos que, para garantizar esos derechos es preciso tomar decisiones que creen las debidas condiciones para la redistribución de la riqueza. Debe ser aceptado el desafío político que implica el reconocimiento de que en nuestro país hay niveles de riqueza personal y derroche desmedido que contrastan fuertemente con los millones de habitantes que carecen de posibilidades de desarrollo integral.
Subrayamos el lugar de la educación, la salud y el trabajo en este propósito hacia la equidad distributiva.
Afirmamos que se debe avanzar en la sanción de una nueva ley de servicios de comunicación audiovisual que derogue la actual de facto y sus posteriores modificaciones. La nueva ley debe garantizar el derecho a una información libre de presiones políticas o económicas con vistas a subrayar la diversidad en la comunicación audiovisual. Debe evitar todo monopolio que favorezca a empresas o grupos de poder con altos recursos económicos. Debe garantizar la democracia y la participación de todas las voces de la comunidad.
Afirmamos que es preciso defender con mayor compromiso las riquezas mineras, acuíferas y forestales del país. Consideramos que la falta de cuidado de nuestros recursos naturales termina afectando los derechos humanos de nuestra población presente y futura y en particular a los Pueblos Originarios que siguen siendo marginados en sus derechos y en el reconocimiento de su cultura.
Fue positiva en esta dirección la aprobación de la ley en defensa de los glaciares, y entendemos que debe revertirse su posterior veto por parte del Poder Ejecutivo.
Aspiramos a un ejercicio político respetuoso de la diversidad política partidaria para poner prioritariamente los intereses de la Nación y sus habitantes antes que los intereses personales o de los partidos.
La construcción de la democracia se retrasa cuando rencores, rivalidades e intereses particulares impiden su avance.
Repudiamos todo hecho de corrupción que se manifiesta en administraciones de dudosa confiabilidad, malversación de fondos, complicidad con el manejo de drogas, prostitución, y el uso injusto e impropio del poder.
Nos preocupa el hecho de que la disponibilidad de elevados recursos económicos defina el resultado electoral por encima de los planes de Gobierno.
Afirmamos que toda persona tiene valor, no importa su condición social, cultural o económica. Por ello repudiamos la trata de personas, el maltrato a los detenidos, la venta de niños, el abuso sexual, la violencia de género, la injusta situación de los Pueblos Originarios y la carencia de acceso a la Justicia de los pobres y marginados.
Como lo ha hecho siempre desde su creación hace casi 34 años, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, mediante sus 15 comisiones, 26 delegaciones en el interior del país y su representación ante las Naciones Unidas y su Consejo de Presidencia quiere dar su apoyo a los valores, trabajos y desafíos al servicio de toda la sociedad.


Asamblea Permanente
por los derechos Humanos