Los trabajadores municipales alcanzaron ayer un acuerdo para reincorporar dos de los tres despidos que desató el conflicto con el Ejecutivo municipal, después de 48 horas de paro y de los incidentes de la mañana del lunes, cuando dirigentes gremiales del SUOEM y la CTA se enfrentaron con la Policía de la provincia en las puertas de la Municipalidad.
El acuerdo permitió destrabar la situación que podría haber llegado al corte de la ruta nacional 9.
El titular del Sindicato Unión Obreros y Empleados Municipales (SUOEM) de Bell Ville, Oscar Romero, regional a la que pertenece Ballesteros, junto al secretario General a nivel provincial de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), Oscar Mengarelli, y el secretario de Relaciones Institucionales de la CTA Villa María, José Luis Bernabé, se sentaron a la mesa frente a Eduardo Rena (abogado por la Comunidad Regional Unión y secretario del legislador Domingo Carbonetti) y Pablo Galarza, el asesor letrado personal del intendente Ludovico Juan Anastasía, quien se negó a realizar declaraciones a este medio. "No somos mediadores, tratamos de acercar a las partes, porque no quieren sentarse a dialogar", dijo Rena, aunque omitió que los dirigentes gremiales aguardaban dispuestos a escuchar al jefe comunal.

@Indignante

Afuera, los trabajadores municipales aguardaron, como toda la mañana y el día anterior por la reincorporación de sus compañeros. Pero también dijeron "¡Basta!", a no tener cobertura de salud, contra accidentes y riesgos del trabajo, a no contar con aportes previsionales, a que ante una lesión no perciban remuneración alguna y encima no cuenten con un lugar donde ser atendidos ni siquiera en el centro de salud municipal. Estos relatos se completan con el reclamo de un salario mínimo, vital y móvil: digno. "Hay trabajadores que están en la Municipalidad hace 10 años y cobran 320 pesos, otros hace 4 años. De estos el que más gana son 700 pesos, trabajando mañana y tarde, en doble jornada", explicó uno de los gremialistas a EL DIARIO.
Además, los empleados facturan a través "del FunProVe", indicaron como cosa de todos los días, acostumbrada. Se trata de la Fundación para la Promoción Vecinal, una entidad conformada por el Gobierno provincial de José Manuel de la Sota años atrás en el marco de una emergencia económica, por medio de la que los trabajadores obtienen una factura para presentar ante el municipio y poder percibir sus haberes. A cambio, la fundación se queda con el 3% del salario (funciona en Bell Ville para el Departamento Unión, ciudad donde retiene hasta el 10%).
Cabe mencionar que de un plantel de 55 trabajadores, el municipio sólo tiene 12 en planta permanente, 20 están jornalizados y el resto de la manera descripta.

@Reincorporados

La reunión de los dirigentes de CTA y SUOEM con los abogados de Anastasía, derivó en la reincorporación de dos de los tres trabajadores despedidos que desató este conflicto. El restante se incluirá en la mesa de negociación que se abrirá en 30 días en el Ministerio de Trabajo. También se incorporará a la mesa de negociación el caso de dos trabajadoras cesanteadas 18 meses atrás por decisión del Ejecutivo, a pesar de haber sido nombrada en el cargo, al menos en el caso de una de ellas, por Ordenanza municipal.
Además, los trabajadores y el gremio consideraron que quedó en agenda tratar las exiguas sumas que perciben los empleados por su trabajo. También se solicitó a los abogados del Ejecutivo, diseñar un cronograma para la regularización del personal.

@Contradenuncia

La acción policial del lunes por la mañana, cuando efectivos de las fuerzas de choque reprimieron a los trabajadores con golpes y gas pimienta, fue considerada "desmedida" y como "un acto de provocación" por los gremialistas.
En ese sentido, Romero, titular del SUOEM Bell Ville, se encargó de realizar una presentación en una fiscalía de esa ciudad, la que dijo abonará con testimonios de los damnificados.
Por otra parte, el abogado de los municipales y Ezequiel Amaya (uno de los despedidos), denunció por "coacción" al intendente Anastasía en la dependencia policíal local, ya que éste le habría indicado "que se aleje del gremio y cuando lo llamen diga que está en el campo. Que en 15 ó 20 días lo volverá a tomar" para trabajar en el municipio, según explicó el letrado.
Ayer, doce uniformados custodiaron la Municipalidad, otros dos el Corralón y dos la casa del intendente. Los trabajadores alzaron ayer, la bandera de la dignidad. Dijeron “¡Basta!”.

Franco Gazzoli