“Seguramente los lectores están cansados de tantos títulos referidos al Eninder.
Por un lado personas vinculadas a la política de oposición lo cuestionan y el oficialismo lo defiende a rajatabla.
Sólo el dictamen jurídico del constitucionalista Miguel Rodríguez Villafañe, (publicado en EL DIARIO del pasado lunes) en un trabajo estrictamente profesional, residente de la ciudad de Córdoba, hace un análisis que deja a la entidad sin ningún tipo de respaldo legal.
Ahora bien. ¿Qué pasa con el pueblo?, ¿Con doña Rosa?, como diría aquel discutido periodista, me parece entender que la mayoría se adhiere al típico pensamiento argentino “si roban no importa, por lo menos hacen…” total, es dinero del Gobierno. Así estamos los argentinos.
Si reflexionamos un poco nos podemos dar cuenta de una audaz ingeniería puesta en marcha, con el solo objetivo de evitar los controles establecidos en la Constitución y en la ley y, especialmente evadir los trámites que deberían otorgar transparencia y seguridad de mejores costos para las arcas del Estado, en razón de ello contratan con elevados sobreprecios que nadie controla pero dejan contentos a los vecinos porque, paradójicamente, ven obras públicas que creen que nada les cuesta.
El manejo del dinero público es la más delicada de las responsabilidades que tiene el gobernante, razón por la cual nuestra ley y la de todos los países, especialmente las democracias desarrolladas, regulan de manera especial.
El dinero público es el dinero de los privados, que en forma de imposiciones (impuestos) pasa hacia la administración pública para ser gestionado eficazmente. ¿Quiénes aportan a esa cuenta estatal?
En la República Argentina, todos sus habitantes, nominalmente quizá los que más tienen, pero en la realidad y en proporción a sus ingresos y su patrimonio los que más aportan son los que menos tienen, pobres e indigentes son “los más afectados”, ya que cuando compran lo que pueden con sus escasos ingresos están pagando como último consumidor el 21% del IVA, más ingresos brutos a provincia y Municipalidad y ni hablemos de los servicios, los cigarrillos y las bebidas, que se le agregan impuestos internos y otros.
Por lo tanto ¿a quién roba el funcionario que se queda con algún vuelto de los recursos públicos?, la repuesta es a todos los argentinos, pero mucho más a los que menos tienen. En consecuencia no es “dinero del Gobierno”, es “dinero nuestro”, es de todos y deberíamos defenderlo.
Pablo Perret
DNI 26797258