Los villamarienses deberán seguir pagando las tarifas de gas con aumento bajo protesta. Por lo menos, hasta que el Gobierno nacional elabore una normativa puntualizando qué hará con el polémico decreto presidencial 2067/08.
La suspensión determinada ayer por el juez Federal Roque Rebak a la medida cautelar solicitada el día lunes por el defensor del Pueblo Ricardo Borsato, mantiene entonces las condiciones que hasta el momento venían afrontando los usuarios de la ciudad. Es decir, abonar la factura con aumento y luego protestar.
El anuncio del ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, Julio De Vido “limitando la aplicación de las normas impugnadas” por dos meses (período junio y julio), motivó al magistrado a poner “en pausa” las actuaciones judiciales iniciadas por el auditor General local.
A través de un escrito, entregadao en la sede de la defensoría, Rebak hizo conocer su decisión.
“Suspéndase el llamamiento de autos previsto (no resolver la causa) hasta tanto se dicte la normativa correspondiente o la mora en dictarla se torne irrazonable en los plazos que la presente acción de amparo requiere”, expresa la misiva remitida desde la sede local del Juzgado Federal.

s Recurso activo

Luego de conocerse lo decidido por la Justicia, EL DIARIO mantuvo diálogo con el ombudsman local.
“Entendemos que el recurso de amparo se encuentra suspendido momentáneamente hasta ver cuál es la normativa que el Gobierno Nacional va a implementar con respecto a este decreto 2067/08”, manifestó Borsato.
“Hasta la fecha el amparo sigue vigente. No se ha resuelto nada todavía, de todos modos estamos supeditados a lo que dictamine el ministro de Planificación Federal”, agregó el auditor
“Le seguimos manifestando a la gente que se acerque a la Auditoría y que pague bajo protesta en el último vencimiento sus boletas, ya que todavía no se conoce la mecánica de cómo se va a cobrar sólo la parte consumo de gas”.
El defensor del Pueblo entiende que el juez decidió de este modo “para no tornar irrazonable una resolución que pueda llegar a tomar el nivel nacional. Si deciden derogar el decreto no tendría sentido declararlo inconstitucional”.
“Sin embargo si todo sigue igual y no hay soluciones, Rebak deberá resolver nuetro amparo”, advirtió el reporteado.

Movida positiva

“El movimiento que se ha hecho a través de las asociaciones en defensa del consumidor, de las distintas defensorías del Pueblo y otras organizaciones trabajando mancomunadamente ha dado su frutos”, consideró el funcionario.
“Hemos hecho razonar al Gobierno que terminó considerando como inequitativa la medida”, concluyó el defensor.