Rodolfo, Alejandro y Carlos Iaccarino fueron víctimas del terrorismo de Estado: estuvieron detenidos-desaparecidos durante 22 meses entre 1976 y 1978. Rodolfo falleció hace muy poco tiempo y Alejandro y Carlos siguen la lucha por la justicia.
Eran empresarios platenses y la dictadura los despojó de bienes valuados en 9,5 millones de dólares mediante una compleja trama en la que intervinieron militares, servicios de inteligencia, testaferros y escribanos.
Bajo la amenaza de que sus tres hijos serían arrojados al Río de la Plata, Rodolfo Genaro Valentín Iaccarino firmó la cesión de 25 mil hectáreas de producción agropecuaria en Santiago del Estero y un avión ejecutivo que, en conjunto, tienen una valuación actual que supera los 125 millones de dólares.
Como todo pago, le entregaron a la familia unos 300 mil dólares en tres documentos y 28 hectáreas de una cancha de golf del Sierras Hotel en Alta Gracia, que actualmente se encuentra en manos de una sociedad civil.
Los hermanos reclaman ahora su devolución.
En el lugar habitan familias de posición desahogada que ven como, más de treinta años después, sus legítimos dueños buscan una reparación histórica que también conlleva una reparación moral: “Nos cortaron el proyecto de vida”, explica Carlos, el menor de los tres hermanos.
Alejandro, el segundo de los Iaccarino, aún se pregunta: “¿Por qué fuimos elegidos?”.
Lo secuestraron el 4 de noviembre de 1976 y pasó por catorce centros clandestinos de detención donde sufrió todo tipo de vejámenes, incluidas las torturas que le propinaron en Coti Martínez y el despojo de sus bienes que le notificaron en la Brigada de Lanús.

El rostro de la muerte

Relató a Página/12 lo que vivió cuando tenía 30 años y comenzaba una incipiente carrera como empresario: “Un día nos vinieron a buscar a la Comisaría 23. Así llegamos al centro de detención clandestino Coti Martínez, tabicados y esposados nos golpearon duramente, luego nos lanzaron al piso y ahí vimos el rostro de la muerte. Unos días después me llevaron a la sala de tortura encapuchado y esposado, me desnudaron arrojándome sobre un catre elástico metálico, envolvieron mis tobillos y muñecas con gomas y sobre estos gruesos alambres sentí cómo las cuatro palancas tensaban mi cuerpo. Allí empezó la picana a taladrar todas las zonas más sensibles de mi cuerpo. Nadie que no haya sufrido ignominias de esta clase puede imaginárselas”.
Toda la familia fue secuestrada por la dictadura: el padre y sus hijos Rodolfo y Carlos en Santiago del Estero; Alejandro y la madre, Dora Emma Venturino de Iaccarino, en La Plata. “Nosotros estuvimos los primeros dieciséis meses con detenidos comunes. No sabíamos cómo venía la mano. No estábamos en el mundo político, estábamos en el mundo de los negocios... No entendíamos cómo se iba formando el terrorismo de Estado. Y eso nos traía mayor temor, hasta que vino un italiano de apellido Chezzi, un testaferro de los militares, que nos dijo: ‘Si quieren salir, lo que deben hacer es entregar el campo de Santiago del Estero y el avión’.”
En su peregrinar en busca de justicia Alejandro y Carlos Iaccarino se han entrevistado con altos funcionarios cordobeses durante las gestiones del tándem José Manuel de la Sota-Juan Schiaretti.
Dicen que siempre los atendieron bien y que no fueron a Alta Gracia (“No íbamos a tomar posesión de lo que ya poseemos. Las 28 hectáreas las tenemos desde hace 32 años, faltan dos o tres trámites para que todo esto termine.”).

Escriturado

Una escritura firmada el 24 de agosto de 1979 confirma su aseveración. La protocolizó el escribano Adolfo Barceló en Alta Gracia. En ella se lee que el ciudadano paraguayo Vicente Antonio García Fernández compareció “como presidente de la Sociedad Anónima ‘Compañía de Tierras y Hoteles de Alta Gracia’, con domicilio en calle Maipú 510, 2º piso, de la Capital Federal” y a solicitud de los Iaccarino manifestó que “según boleto de fecha 9 de octubre de 1977, han adquirido de la ‘Compañía de Tierras y Hoteles de Alta Gracia’ SA, firmando como presidente en esa oportunidad el señor Bruno Chezzi (CI 4912755), una fracción de terreno conocida como Cancha de Golf del Sierras Hotel, con una superficie de 28 hectáreas, 1.010 metros cuadrados”.
El punto B de la escritura es el que más robustece la posición de los empresarios y compromete el usufructo de las 28 hectáreas por parte de la sociedad civil Alta Gracia Golf Club. Dice: “Que la mencionada fracción está pendiente de escrituración, habiendo los señores Iaccarino abonado íntegramente todo el precio convenido, y a quienes se les ha otorgado la posesión, que por este acto la empresa viene a ratificar”.
La zona donde se encuentra el campo de golf es la más cara de Alta Gracia (las hectáreas que reclaman los Iaccarino podrían valer hasta 30 millones de dólares).
El diario de la ciudad serrana Nuevo Sumario fue el primero que se ocupó del litigio entre los empresarios de La Plata y la asociación civil local. En un artículo firmado por la periodista Susana Salas informó sobre un intento por ampliar la superficie del predio, a sabiendas de que se avanzaba sobre bosque nativo cuya tala está prohibida.
“Mientras la Municipalidad afirma que las acciones del Alta Gracia Golf Club para ampliar su cancha y la instalación de un loteo privado en el predio, a cargo del Fideicomiso La Rinconada, están en regla; la Secretaría de Ambiente de la provincia afirma que hubo un desmonte ilegal al haberse violado legislación provincial y nacional...”
Las topadoras utilizadas en el desmonte pueden observarse en clave simbólica. En la tierra yerma que dejaron los militares a sus espaldas proliferaron operaciones como la que denuncian los hermanos Iaccarino.
El jefe de familia sufrió un accidente cerebro vascular a los tres días de que sus hijos fueron liberados. La madre permaneció diecisiete días detenida durmiendo en el piso de una comisaría, alimentada a mate cocido. Alejandro recuerda que cuando la llevaron ante el coronel Ricardo Flores Jouvet, el militar ordenó: “Lárguenla, esta mujer está destrozada”. El 1 de enero del año pasado falleció a los 90 años.
“Todo comenzó cuando nos colocaron gente de Inteligencia en las sociedades que teníamos. Eran Constructora Sureña Argentina Sociedad Anónima, Ilumbras SRL, Ciatra, que hacía auditorías para empresas, la láctea ILSA, La Marta SA y El Milagro. Sabían hasta de un campo que habíamos comprado en la localidad de Las Tahonas, cerca de Verónica. Y hubo otros empresarios a los que les pasó lo mismo; nosotros contabilizamos 266. Estuvimos detenidos con Ramón Miralles, el ministro de Economía de Victorio Calabró; con Rubén Dieguez, el secretario General de la CGT La Plata y el funcionario Alberto Liberman, todos salvajemente torturados”, recuerdan Alejandro y Carlos.
“Nos quedamos sin nada, nos destruyeron todo...”, dicen los Iaccarino, que se reivindican seguidores del ideario del ex presidente Arturo Frondizi, con quien trabajaron durante quince años.

Realizado sobre la base del trabajo de Gustavo Veiga

Una carta a EL DIARIO

Señor director:
No tengo el gusto de conocerlo, pero gente muy apreciada me habló de ese diario cooperativo y pluralista, y es para nosotros importante la faz mediática dado que la parte judicial va bien, pero no con la prontitud deseada.
El 12 de julio murió mi hermano mayor, Rodolfo José, al mes de haber recibido una amenaza infame hacia nosotros tres. La denuncia fue presentada en el Juzgado Federal Nº 3 donde está la causa del desapoderamiento de tierras del cual somos víctimas.
Yo y mi otro hermano, Carlos, lo acompañamos a realizar la denuncia, pero al mes Rodolfo José murió de un ataque cardíaco masivo.
En realidad, éramos cinco los Iaccarino detenidos: mi padre y mi madre lo fueron por casi veinte días, pero nosotros tres estuvimos exactamente 22 meses detenidos.
Si usted considera importante la nota, sería una mano en medio de esta pesadilla que lleva treinta y tres años. Le enviamos la nota que realizó Gustavo Veiga en Página/12, ya que en ella se refleja nuestra historia.
Gracias por todo y cualquier necesidad le ruego me la haga saber.

Alejandro Rómulo Iaccarino