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15 de Mayo de 2008
Balas marcadas - Marcha hacia tribunales con la adhesión de instituciones de la ciudad
Multitudinario reclamo de justicia
Más de mil personas participaron de la tercera marcha realizada en la ciudad para pedir por el esclarecimiento del atentado contra Alejandro Roganti. Las entidades y la familia entregaron un documento al fiscal
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La foto del “Caño” multiplicada en cada manifestante
A un mes del atentado contra el dirigente social Alejandro Roganti, se realizó una marcha por las calles de la ciudad pidiendo justicia.
Las instituciones adhirieron a la convocatoria. Aerca y Acovim recomendaron a los comercios cerrar sus puertas, aunque en el casco céntrico la mayoría se vio con las persianas levantadas. La Universidad hizo un decreto por el cual liberaba a estudiantes, docentes y no docentes de las obligaciones de esa hora para que puedan participar de la protesta. El Ministerio de Educación de la Provincia declaró asueto entre las 11 y las 13 de ayer y la Municipalidad también adhirió permitiendo a los trabajadores y funcionarios que participaran.
Desde la Seccional Villa María de Luz y Fuerza partió la columna con los trabajadores de EPEC, compañeros de Roganti. Desde el Pasteur, los trabajadores hicieron lo mismo.
Todos se concentraron en la plaza Centenario para partir desde allí hacia el frente de Tribunales.
Más de 1.000 personas marcharon pidiendo justicia.
Al llegar al palacio de Justicia, comenzó el acto con la entonación del himno nacional.
Luego, Gabriela y Enrique Roganti, hermanos de Alejandro, agradecieron a los médicos y los trabajadores del Pasteur y de la Clínica Marañón; a los vecinos de la calle Las Heras que acudieron inmediatamente al sentir los balazos; a los trabajadores de la ambulancia de los bomberos y a las organizaciones que al día siguiente del atentado comenzaron a reunirse sin mirar las distinciones para aunar el reclamo de Justicia.
Así fue que se pudo ver en la marcha de ayer a las autoridades de la CGT y la CTA Villa María, funcionarios municipales, miembros del Tribunal de Cuentas y concejales.
Luego, tal como lo acordaron las entidades, Sergio Hidalgo y Ariel Ferreyra, compañeros de trabajo y de militancia de Roganti, leyeron sendos documentos, en el que dejaron plasmada la posición de las organizaciones sociales que encabezan el reclamo.
En el primer texto, resaltaron que el compromiso es con “la defensa de la vida” y con “impedir que se generen nuevos hechos de violencia como en épocas anteriores, cuando denunciar y pensar diferente era un delito que se pagaba duramente con la cárcel o con amenazas y atentados”.
“Pretendemos con estos testimonios construir una conciencia política en la que todos nos sintamos comprometidos, solidarios y dispuestos a jugarnos por una sociedaddiferente y la toma de cnciencia es el primer paso necesario para cualquier cambio, sobre todo, porque logra revertir la focalización que hacen los sectores dominantes sobre otros sectores, atribuyendoles la responsabiidad de los males sociales, instalando en la sociedad una imagen invertida de los verdaderos responsables”, agregaron.

El petitorio

El otro documento leído, ya con más contenido jurídico, fue el que luego le entregaron al fiscal Daniel Del Vö, quien investiga el hecho.
“Entendemos el riguroso secreto del proceso investigativo, pero el tiempo transcurrido y la falta de resultados concretos en cuanto a detención de supuestos inculpados materiales y/o intelectuales del crimen, junto a la falta de una información clara alimenta la posibilidad de tejer conjeturas y análisis en los que no quisiéramos caer”, indicaron.
Agregan que la sociedad tiene en claro quienes son los autores materiales, “que lamentablemente han podido huir impunemente”. También dicen que la misma sociedad orienta su mirada hacia los culpables intelectuales “y sin dudas apunta a personas perfectamente identificada”, llamando la atención que todavían o fueron citados a declarar.
Si bien el documento no lo nombra explícitamente, , que aún entendiendo que la labor investigativa dentro de las normas del derecho penal argentino implican obtener pruebas plenas de culpabilidad, sin embargo desorienta, que aquellos individuos no han sido incorporados a la investigación como imputados, ni siquiera como testigos. No es nuestra intención inmiscuirnos en su responsable tarea, pero no podemos evitar hacerle conocer lo que en todos los sectores se habla.

Está claro que hay manifestaciones periodísticas de algunos dirigentes gremiales que hablan con la prensa pero todavía no lo han hecho con la justicia, hay una imputación directa que hacen familiares cercanos a Alejandro Roganti, él mismo cuando pudo identificó el ataque como surgido desde una única dirección, incluso el Sindicato al que pertenece Alejandro tomó una actitud clara en cuanto sus dudas respecto a determinados integrantes de la organización. Hay conocimiento de llamadas a teléfonos identificados, hay intervención de profesionales que parecen mofarse de la opinión pública.

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