A una década de la tragedia de la empresa Líneas Aéreas Privadas Argentinas (LAPA), los familiares de las víctimas recibieron ayer un golpe inesperado y el juicio oral corre riesgo de anularse: es que la jueza del tribunal que sustancia el debate decidió renunciar para jubilarse cuando faltan sólo semanas para la sentencia.
La magistrada María Cristina Sanmartino, del Tribunal Oral Federal Nº 4, que desde febrero de 2008 analiza la responsabilidad de cinco ex directivos de LAPA y ex funcionarios de la Fuerza Aérea, presentó su renuncia el jueves pasado para hacerla efectiva el próximo 1 de octubre.
Precisamente por eso, los familiares de las víctimas instaron ahora al Poder Ejecutivo a no autorizar esta renuncia, a la espera de que se llegue a un veredicto en el proceso oral.
Es que en la víspera, tanto los abogados de las partes como los propios familiares de las 67 víctimas de la tragedia se reunieron con Sanmartino para tratar de convencerla de que siga adelante con el proceso oral, pero la jueza les dijo que su decisión es “indeclinable”.
Según la magistrada, ya tiene otorgada la jubilación y hace tiempo que estaba esperando retirarse, pero el debate se extendió de una manera no prevista y por ello necesita pasar a retiro el mes próximo.
A criterio de Sanmartino, no tendría por qué correr riesgo: es que -gracias a una reforma en el Código de Procedimiento- el juicio oral por la tragedia de LAPA contó con un cuarto juez que presenció todas las audiencias desde el inicio y que, por lo tanto, podría subrogarla a su retiro, sin que se vieran afectadas las garantías de los acusados ni los derechos de las víctimas.

Lo rechazaron

Sin embargo, las querellas rechazaron ese planteo que conocieron ayer, justo al cumplirse 10 años de la tragedia: el abogado querellante Hugo Wortman Joffre explicó que ese remplazo sólo es posible “en caso de incapacidad o enfermedad”, pero “no en caso de renuncia”.
“Acá todo depende del Ejecutivo que, a nuestro criterio, no le tiene que admitir la renuncia porque, además, quedan días para que termine el juicio. Esto tiene que ver con el servicio de justicia”, dijo.
El abogado subrayó que tiene “instrucciones de las víctimas de pedirle al Ejecutivo que demoren hasta tanto se defina el juicio”.
La semana pasada, el cineasta Enrique Piñeyro fue el último de los testigos en declarar en el largo proceso, y a mediados de setiembre las partes iniciarán los alegatos: primero la querella, luego la Fiscalía y finalmente la defensa.
El tribunal, integrado por los jueces Leopoldo Bruglia, Jorge Gorini y Sanmartino, fijó audiencias hasta el 1 de noviembre para escuchar los alegatos; luego vendrán las réplicas, las dúplicas y las últimas palabras para que el tribunal dé a conocer su veredicto.

Los acusados

En el banquillo están acusados el presidente de la entonces LAPA, Gustavo Deustch; su ex director General, Ronaldo Boyd; los ex gerentes de Operaciones, Fabián Chionetti, Valerio Diehl y Gabriel Borsani y la ex gerente de Recursos Humanos, Nora Arzeno.
También están imputados dos ex funcionarios de la Fuerza Aérea: Diego Lentino, ex director del Instituto Nacional de Medicina Aeronáutica y Espacial, y Damián Peterson, ex director de Habilitaciones Aeronáuticas.
La Fiscalía consideró que hubo fallas técnicas y humanas, además de negligencia por parte de la empresa y de la Fuerza Aérea, y busca que se condene a los imputados por “estrago doloso” e “incumplimiento de los deberes de funcionario público”.

Hace 10 años...

En uno de los peores desastres de la aviación argentina, el vuelo 3142 de la aerolínea argentina LAPA, se estrelló en el Aeroparque Metropolitano “Jorge Newbery” de la Capital Federal el 31 de agosto de 1999, exactamente a las 20.54, cuando despegaba hacia la ciudad de Córdoba.
Al iniciar la aeronave su carrera de despegue, comenzó a sonar una alarma que los pilotos no atendieron porque -al parecer- los aviones solían tener fallas; ese alerta avisaba que los flaps estaban retraídos y que la máquina no iba a despegar pese a haber superado la velocidad mínima que habían calculado que necesitaban para hacerlo.
Imposibilitada de frenar antes del fin de la pista, la nave siguió su loca carrera fuera del perímetro del aeropuerto, cruzó una avenida, arrastró a un automóvil que circulaba por ella y se incrustó sobre unas máquinas viales y un terraplén.
La pérdida de combustible sobre los motores calientes y el gas expelido por la rotura de una planta reguladora de gas existente en el lugar provocaron el incendio y destrucción total de la aeronave, en donde murieron 65 personas, la mayoría calcinadas.

Villamariense

Entre los pasajeros del avión siniestrado figuraba el dirigente sindical villamariense Aldo César Serrano, por entonces secretario general del Sindicato Regional de Luz y Fuerza de Villa María y había sido delegado de la ex CGT Azopardo ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Serrano tenía 65 años, estaba casado con María Sira Pereyra y era padre de dos hijos: Oscar y Silvia.
Finalmente, cabe señalar que el accidente se cobró las vidas de otras dos personas (en total fueron 67 las víctimas fatales), que iban a bordo del vehículo que fue embestido fuera del perímetro del Aeroparque y arrastrado por la aeronave en su desenfrenada carrera a la muerte.

Acto en Córdoba

Por otra parte, alrededor de 200 personas conmemoraron anoche a sus seres queridos en la capital cordobesa, en medio de un clima de dolor.
El acto comenzó a las 20.30 en explanada de la Catedral, en donde se colocaron sillas vacías con los nombres de cada una de las personas fallecidas en el accidente, como una forma de homenajearlas.
Entre los disertantes del acto se encontraron la jueza Graciela López de Filoñuk, representantes de la Iglesia Católica y algunos parientes de los fallecidos.