Dado que los socios de la Clínica Hernández que fueron condenados a indemnizar a las trabajadoras del lugar casaron la sentencia, es el Tribunal Superior el que debe decidir si la Cámara de Villa María tiene razón y los dueños del malogrado sanatorio tienen que pagar. “Lamentablemente, las leyes de fondo protegen a los trabajadores pero las de procedimiento hacen que se pueda demorar tantos años”, consideró la letrada Sonia Arriarán, representante de la mayoría de las demandantes.