El edil-abogado Carlos De Falco fundamentó ayer, como presidente de la bancada Unión por Córdoba - Partido Justicialista, la adhesión al proyecto de declaración de emergencia, encargándose de recalcar que el municipio “tiene sus cuentas en orden”.
“Hoy uno de los pocos municipios que tiene sus cuentas saldadas y un estado económico razonable, y digo razonable porque el Estado no persigue ganancias sino el bienestar general, es éste”, subrayó el concejal.
Recalcó que la mayoría de los juicios que devino en esta emergencia son nacidos en la ciudad durante el Proceso de Reorganización Nacional, encabezado por la nefasta última dictadura militar. “Esos juicios se dilataron en el tiempo y en 1999 ya se encontraban en un territorio difícil de salir”, afirmó.
Los casi 12 millones de pesos a abonar luego de las sentencias firmes adversas a la comuna “no parecería una dificultad tan extrema si se pudiera abonar en tiempos razonables, pero no se posibilitó acuerdo transaccional alguno”, explicó De Falco.
Ante la gravedad por un eventual embargue de fondos, “debemos velar por el patrimonio municipal y es necesario encontrar una solución jurídica de fondo, que no implique aventura sino responsabilidad en la acción y que respete el derecho a la propiedad privada, que es el derecho al cobro” de los demandantes. Por eso acompañaron la iniciativa.