Sorpresivamente, el intendente Eduardo Accastello envió el miércoles un proyecto de ordenanza al Concejo Deliberante que ingresó en absoluto secreto, y por el cual se dispuso la emergencia económica. Fue porque la comuna obtuvo en los últimos meses fallos judiciales adversos, en juicios nacidos, en su mayoría, durante la última dictadura militar (1976-1983). En todos los casos, las causas son anteriores a 1999, año en que comenzó el ciclo del accastellismo en el poder local (primero con Accastello, luego con su esposa Nora Bedano, y después nuevamente con el actual jefe comunal).
El proyecto, que fue aprobado por mayoría a las 15.30 de la víspera en una extensa sesión ordinaria, declaró la “emergencia, consolidación de deudas, moratoria y programa de cancelación de juicios con sentencia firme, contra el Estado municipal por causas anteriores al 10 de diciembre de 1999”.
La norma, que comenzó a regir ni bien fue aprobada sobre tablas, busca “superar el peligro colectivo -que significaría la total imposibilidad de continuar con la prestación de los servicios y ejecución de la obra pública municipal, atender la remuneración de su personal y mantener la actividad y gestión administrativa mínima indispensable- creada por la posibilidad de ejecución forzada de rentas y bienes del Estado municipal para atender el cumplimiento de sentencias firmes dictadas en juicios” anteriores al accastellismo.
El mandatario villamariense, en una nota que elevó a los concejales, advirtió que el proyecto tiene el objeto de “evitar el daño” referido, pero también “afrontar con responsabilidad el pago de cada una de estas condenas”.
Accastello no dejó pasar por alto que “en el transcurso de los distintos procesos judiciales han intervenido distintas gestiones políticas, con sus respectivos letrados, los cuales han puesto su impronta y criterios personales en la defensa de los intereses municipales, lo que ha dificultado llevar una actividad defensiva uniforme y la posibilidad de arribar a acuerdos transaccionales”.
La emergencia, que salió con los votos de la bancada oficialista y la del bloque unipersonal conformado por Carlos Andrada, fue declarada a este sólo y único efecto, mientras desde el Gobierno se encargaron de recalcar que las cuentas “están en orden”.
La ordenanza se aplica exclusivamente respecto a obligaciones vencidas antes del 10 de diciembre de 1999, o de causa o título anterior a esa fecha, “que consistan en el pago de sumas de dinero reclamadas administrativamente o que emanen de condenas judiciales que establezcan o se resuelvan en el pago de sumas de dinero, las que sólo quedarán consolidadas luego de su reconocimiento firme en sede judicial”.
La ordenanza estipula que los créditos que no superen los 300 mil pesos se abonarán en 30 cuotas mensuales, iguales y consecutivas, la primera de las cuales a los 60 días de la aceptación expresa del acreedor. Los que van de los 300 mil a los 500 mil, en 48 cuotas (con las mismas características), y los que superen el medio millón de pesos también en 48 cuotas.
El Legislativo facultó al DEM a efectuar las adecuaciones presupuestarias necesarias para hacer frente a las deudas consolidadas a abonarse antes de fin de año.
Por la sanción de la ordenanza se estableció, en el ámbito comunal, la prohibición de trabar embargos “u otras medidas precautorias jurisdiccionales” sobre los recursos presupuestarios del sector público municipal.
En tanto, el estado de emergencia tiene una duración de 24 meses a contarse a partir de ayer, pudiéndose prorrogar por otros 24.