La primera vez que vine a Buenos Aires a debatir sobre un nuevo proyecto de Ley de Radiodifusión fue en 1985. Habíamos sido convocados como estudiantes de periodismo en el marco del llamado Programapara la Consolidación de la Democracia...
Un cuarto de siglo después de aquella reunión en el predio de La Crujía, la Argentina todavía se rige por la ley de la dictadura militar. Sólo basta preguntarse por qué en todos estos años no fue posible remplazar ese engendrón jurídico, emparchado a gusto a pedido de los empresarios, para entender laspoderosas fuerzas que se mueven para evitar cualquier cambio.
El Gobierno de Cristina Fernández acaba de presentar al Congreso de la Nación un nuevo proyecto de ley de medios audiovisuales... En este momento hay otros seis proyectos que tienen estado parlamentario. El de Horacio Alcuaz y Margarita Stolbizer, que sólo autoriza cuatro licencias por titular e impide el ingreso al negocio a las empresas de servicios públicos; el del socialista Roy Cortina, que contempla doce licencias por titular; el de la radical Silvana Giudici, muy similar al de Stolbizer; hay otro de la radical K Silvia Vázquez, parecido al oficial pero prevé una autoridad de aplicación conformada por legisladores; uno de Sonia Escudero del PJ disidente que autoriza doce licencias y el de Raúl Solanas (FpV) con cuatro licencias por titular.
La mayoría asigna un porcentaje del espectro comunicacional para los organismos de la sociedad civil y todos procuran evitar los monopolios.
Las coincidencias son muy importantes, salvo en la cantidad de licencias para cada titular, el posible ingreso de las empresas de telefonía al mercado (uno de los puntos más polémicos de la ley), la composición del órgano de aplicación... y la coexistencia en manos de un mismo titular de una licencia de televisión abierta y otra de tevé por cable.
Por el derecho a la información de todos los ciudadanos, por la libertad de expresión, por la pluralidad de actores, medios y voces, es necesario avanzar en una discusión profunda y sin condicionamientos. La mayoría de los trabajadores de prensa del país apoyan esta idea. Aunque sólo algunos pueden decirlo o escribirlo sin sufrir consecuencias.
...en el Gobierno deben comprender que una ley sin consensos mínimos puede convertirse en un grave retroceso...
La nueva ley tiene que contemplar los profundos cambios tecnológicos de los últimos años y los derechos del público.
Se trata de una legislación para los próximos treinta o cuarenta años. No puede pensarse como una herramienta funcional al poder de turno.
El Congreso tiene la responsabilidad de diseñar una política de Estado...
El debate debe trascender las chicanas políticas, las miserias personales, la mezquindad, los manotazos autoritarios, el miedo y las presiones corporativas. De la oportunidad a la frustración sólo hay un paso. Hace veinticinco años que estamos esperando.


Reynaldo Sietecase
En el diario
Crítica de la Argentina