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5 de Septiembre de 2009
Está entre los procesos judiciales que preocupan a la Asesoría Letrada del municipio
Otro juicio cuantioso quedó fuera de la emergencia
Es porque se originó durante el ciclo del accastellismo, que arrancó en diciembre de 1999. En enero de 2000, un adolescente de 15 años se lesionó la médula cuando hacía gimnasia en el Salón de los Deportes
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El Salón de los Deportes fue escenario, en el verano de 2000, de un grave accidente en una clase de gimnasia deportiva. Una década después habrá sentencia firme

El 28 de agosto pasado, el asesor letrado de la Municipalidad de Villa María, Luis Rey, le envió una nota al secretario Legal y Técnico de la comuna, Mauro Beltrami, en la que le expresó su preocupación por cinco juicios en contra del Estado local de inminente sentencia firme adversa.
Esa nota fue la que llevó al intendente Eduardo Accastello a elaborar un proyecto de ordenanza por el cual se declaró la emergencia, consolidación de deudas, moratoria y programa de cancelación de juicios con sentencia firme, contra el municipio por causas anteriores al 10 de diciembre de 1999, y que fue aprobado por mayoría en la sesión ordinaria celebrada el jueves en el Concejo Deliberante.
Pero en la misiva firmada por Rey, aparece un proceso judicial que quedó fuera de la emergencia, precisamente porque se originó en enero de 2000, es decir, pocos días después de que Accastello asumiera la conducción del Poder Ejecutivo villamariense por primera vez.
Se trata del caso “Broggi Cleofé y Otro con Hugo Avallay y Otra”, por “Daños y Perjuicios”. Cleofé es la mamá de Antonio Amaya, un joven que en 2000 tenía 15 años y resultó con graves lesiones mientras estaba en clases de gimnasia en el Salón de los Deportes.
Rey, en su condición de titular de la Asesoría Letrada, consideró a ésta entre las principales causas judiciales que tiene la comuna, las que “por su importante cuantía, causan preocupación a esta Asesoría y estimamos merecería se les preste principal atención”.
Tal como indicó EL DIARIO ayer, tres de los procesos judiciales que llevaron a la declaración de emergencia, tienen sus raíces en los años de la última dictadura militar, en tanto una nació en 1997, cuando en la Intendencia se encontraba el radical Miguel Angel Veglia. Con esas cuatro causas, quedan involucrados más de 11 millones de pesos de las arcas estatales.
Un juicio que quedó afuera de la emergencia fue, justamente, el del adolescente que se accidentó en el Salón de los Deportes.

s Día trágico

Antonio Amaya, un chico que en el año 2000 tenía “condiciones físicas notables” -según indicaron a este matutino consultados ayer- se encontraba en clases de gimnasia deportiva en el Salón de los Deportes, espacio municipal situado en Corrientes y Carlos Pellegrini, cuando tras hacer una pirueta se quebró la columna.
La familia sostuvo la responsabilidad de su profesor, Hugo Avallay, quien según ellos se encontraba dialogando con otras personas y no se percató de que Antonio iba a realizar la pirueta conocida como “mortal”, tras la cual cayó pesadamente fuera de la colchoneta y se lesionó la médula. Por el trágico episodio, Amaya quedó en silla de ruedas.
El por entonces adolescente inició un duro camino para su recuperación, y estuvo dos meses en tratamiento de rehabilitación en el centro Rita Bianchi de Tanti (el mismo en el que hoy intenta salir adelante Emanuel Mainardi, el villanovense que quedó cuadripléjico en diciembre pasado por un accidente de tránsito). De allí salió caminando con bastones canadienses, los que utiliza hasta hoy, en que ya abandonó la silla de ruedas.

Una hija

Antonio de a poco logró salir adelante. Hoy es papá de una nena y posee un quiosco con el que se gana la vida.
Integrante de una familia numerosa (son siete hermanos), en 2000 residía en la vivienda familiar de calle Buenos Aires al 500.
La demanda que le inició su madre a la comuna y al propio Avallay (quien además es profesor de yudo) ya tuvo sentencia a su favor tanto en primera como en segunda instancia, y actualmente se encuentra en Casación por un recurso interpuesto por la Municipalidad de Villa María y el demandado Avallay.

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