La recepción por parte de la Universidad Nacional de Villa María de dinero proveniente de las empresas que explotan la mina La Alumbrera en Catamarca causó rechazo y polémica.
Raúl Montenegro, de la Fundación para la Defensa del Ambiente (FUNAM) calificó como “mercantilista” la aceptación de los polémicos fondos contenidos en Yacimientos Mineros Aguas de Dionisio (Ymad) y entidades ecologistas condenaron la decisión.
“La Alumbrera” es acusada de contaminar fuertemente el ambiente en el norte del país y violar derechos laborales.
Ayer, el rector Martín Gill expresó su posición en una extensa entrevista que mantuvo con EL DIARIO en su despacho. Dijo entender que la casa de altos estudios no puede rechazar esos fondos y recalcó que no es una donación sino que el traspaso se da por ley.
Gill valoró que se ponga en debate el efecto que las mineras provocan en el medio ambiente y subrayó el rol que las universidades cumplen en esa discusión.
Lo primero que hizo el rector en la charla con este matutino fue recordar los orígenes del caso.
“Un docente de la Universidad Nacional de Tucumán, casa que concentraba gran parte del noroeste del país, le entregó a la misma un terreno con el cargo de que realice exploraciones porque sostenía que podía haber yacimientos. Se realizaron estudios hasta que se concretaron yacimientos. La propiedad de esos recursos está limitada por el Estado y los titulares naturales son las jurisdicciones provinciales, en este caso Catamarca, pero no existía entonces la Universidad de Catamarca y se procedió a crear una empresa pública, la cual es Yacimientos Mineros Aguas de Dionisio, integrada por el Estado nacional, la provincia de Catamarca y la universidad tucumana. Se crea por Ley 14.771, dictada en 1958 bajo el Gobierno de Frondisi, y uno de los impulsores de la norma es el hermano del entonces presidente, quien era el rector de la UBA en ese momento”, enunció.
“La ley estableció que cuando las explotaciones mineras otorgaran utilidades debían repartirse en un 60% a Catamarca y un 40% a la universidad tucumana para que finalice el Campus, cuyos planos estaban aprobados. Cuando se concluya el Campus, la mitad de esos 40% debían destinarse a la Universidad Nacional de Tucumán, y la otra mitad serviría para la constitución de un fondo para ser distribuido entre las universidades del Estado”, explicó.
El funcionario indicó que ese fondo nunca consiguió utilidades hasta hace casi dos años, cuando se notificó a las casas de altos estudios de las partidas y se les pidió que determinen la metodología para distribuir. El sistema universitario, entonces, determinó que un 75% debía repartirse en partes iguales y el 25% restante conforme el sistema de pautas del sistema.
Las remesas fueron remitidas.
Meses atrás, llegó una segunda comunicación de que existían nuevos recursos y se volvió a solicitar la metología de distribución.
“No existe vinculación entre el Ymad y el sistema universitario, a excepción de la de Tucumán”, advirtió el rector.
“Estos fondos son unas de las formas en que se financia el sistema y lo único que hizo el sistema fue determinar de qué manera el Estado debía distribuirla.”
“Esto no se trata de una donación, lo que hay es una ley dictada por un Gobierno constitucional”, explicó.
Gill aseveró que “no ha habido ningún Consejo Superior que haya rechazado los fondos provenientes de este fondo nacional, porque no hay un acto de aceptación de los fondos sino que lo que se hace es incorporarlo al presupuesto, porque no lo podemos dejar en el bolsillo y entonces debe asentarse”.
- ¿No podría haberse rechazado?, se le preguntó.
- “Entiendo que no. ¿Para que vuelvan a La Alumbrera? Absolutamente no, bajo ningún punto de vista. Lo que hay que hacer es ver si están cumpliendo con todo lo que tienen que cumplir, sobre lo cual al menos tejo un manto de sospechasñ”
El funcionario señaló que la UNVM afectó el dinero recibido a programas solidarios, infraestructura en laboratorio y otros ítems. Y afirmó que esta casa “tiene un fuerte compromiso respecto a la actividad ambiental”.
Ante la polémica, el rector se preguntó cómo se financia el Estado: “Con recursos provenientes de las retenciones a las exportaciones, fundamentalmente de la actividad sojera, la que sin control depreda a los campos; con actividades gravadas con el IVA, que es un impuesto regresivo, inequitativo, que afecta a sectores de menores recursos; también con actividades como el juego”.
Por último, el titular de la casa de altos estudios reveló que la última remesa, comunicada a comienzos de año, no llegó a ninguna facultad.

“Es importante el debate”

“La minería no es ilícita siempre y cuando no deprede el medio ambiente ni afecte lo que dispone la ley. Es importante haber puesto la discusión en el centro de la escena. Si La Alumbrera no cumple con los parámetros de la ley, deberán ser las autoridades las que hagan cumplir lo que debe cumplirse y nosotros receptaremos las inquietudes para el debate, ya que no tenemos ningún condicionamiento ni con Ymad ni con Alumbrera ni con el Estado nacional en este sentido, ni con el Estado provincial de Catamarca. Lo importante es realizar los aportes para avanzar a una política minera integrada, cuidando a los pueblos originarios, controlando al conjunto de actividades que hacen al desarrollo regional”, expresó Martín Gill.