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15 de Septiembre de 2009
Movimiento Evita y la expropiación de tierras
Defienden derechos de los vecinos desalojados
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El Movimiento Evita se solidarizó con los vecinos que viven en los terrenos que el municipio decidió expropiar la semana pasada.
Como se recordará, el Ejecutivo comunal dispuso declarar de utilidad pública y sujeto a expropiación seis lotes de un predio ubicado en las inmediaciones de la autopista.
El inmueble, ubicado frente al Híper Libertad, será destinado a la construcción de diez viviendas (con una superficie de cuarenta metros cuadrados cada una) que albergarán, entre otras, a familias que fueron desalojadas del sector y que tenían la posesión de las tierras.
Ayer, el Movimiento Evita en su sede de Intendente Reyno al 600, convocó a la prensa para anunciar (foto) que apelarán a la intervención de la Justicia para proteger los derechos de quienes viven en los terrenos.
Jorge Bonano, de la citada agrupación política, dijo que "se pretende indemnizar con 2 ó 3 mil pesos, según la valuación fiscal, a propiedades que valen como mínimo 200 mil pesos".
Bonano también consideró que "así quieren enmendar el error que cometieron al desalojar a los vecinos arbitrariamente".
También se indicó que "mientras se perjudica a seis personas de escasos recursos, no se toca a otros tenedores de terrenos que son empresarios".
Entre los presentes durante el contacto con EL DIARIO se hallaba uno de los residentes en los lotes, de nombre Héctor Omar Peralta, quien aseguró que él hace 20 años que vive allí.
También, los militantes políticos dijeron que "es mentira que los residentes deben muchos impuestos".
El triángulo a expropiar está ubicado en ruta 158, entre calles Intendente Poretti, Intendente Correa y Marcos Juárez, y está en trámite una causa judicial para definir los propietarios de esas tierras que registran una "abultada deuda con el municipio", según informó el Gobierno.
El edil Javier Suppo precisó a su vez que así se dará respuesta a los vecinos que pidieron una solución a su problemática habitacional después de la orden de desalojo, concretada el año pasado, y que tuvo un fuerte repudio de las organizaciones sociales.

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