Claudio Oroz (foto), abogado especializado en Derechos Humanos, dijo a EL DIARIO que sin conocer profundamente la nueva ley “tiene claramente visos de inconstitucionalidad”.
“Entiendo que los legisladores quisieron dar respuesta a un clamor popular, pero no encontraron las herramientas legales adecuadas”, afirmó, al ser consultado sobre el proyecto aprobado el miércoles en la Legislatura de la provincia.
Señaló que actualmente existe un registro de reincidentes, tanto en el orden nacional como provincial “por lo que un nuevo registro de alguien que ya cumplió una condena, es un plus a lo que establece el Código Penal y por eso es claramente inconstitucional”.
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