Bajo el título de “Una deuda pendiente desde la época de la dictadura”, los titulares de las universidades e instituciones públicas de educación superior suscribieron un documento común ante la “necesidad“ de manifestar su pensamiento respecto a la Ley de Medios Audiovisuales que se encuentra en tratamiento en el Congreso Nacional.

“Desde 1983 las universidades nacionales e instituciones públicas de educación superior están convencidas que la Ley de Radiodifusión N° 22.285 debe ser sustituida. Ningún argentino puede desconocer que la misma fue promulgada por Jorge Rafael Videla, en uso de las atribuciones conferidas por el Estatuto para el Proceso de Reorganización Nacional, como fruto de la peor dictadura que azotó a nuestra Nación”, dicen los rectores inicialmente.
Luego señalan que “la plena libertad para expresar y difundir las ideas es un principio que se defiende inexcusablemente en las universidades e instituciones públicas de educación superior”, para indicar que “este precepto no será realidad hasta que todos los argentinos tengamos las mismas posibilidades de acceder a los medios de comunicación masiva” y acotan que “para eso hace falta una ley de la democracia”.

El acuerdo en los 21 puntos

“Las universidades nacionales, preocupadas durante años por la construcción de un sistema de medios de comunicación democrático que contemple los avances tecnológicos de las últimas décadas, junto a un conjunto de Organizaciones No Gubernamentales y representantes de la sociedad civil, confluyeron y acordaron los 21 puntos de la iniciativa por una Ley de Radiodifusión de la democracia, principal sustento del Proyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que el Poder Ejecutivo envió al Congreso de la Nación”, señalan.
A continuación, las máximas autoridades de las casas de altos estudios afirman que “las universidades nacionales han tenido un rol central en los debates que se realizaron a lo largo y a lo ancho del país”.

"Se tomó nota de las críticas y los aportes"

Aseguran que: “En esos debates se tomó nota de las críticas y los aportes de los ciudadanos, las cooperativas, los grupos de género, los pueblos originarios, las Organizaciones No Gubernamentales, los dirigentes de distintas extracciones políticas, del mundo del trabajo y las empresas, los credos religiosos, las asociaciones civiles sin fines de lucro y los profesionales y estudiantes del área de la comunicación social. Más de quince mil opiniones fueron recogidas en veinticuatro foros y ochenta conferencias. De esta participación surgieron modificaciones al anteproyecto inicial que enriquecieron el proyecto que hoy está en discusión”.
En otro párrafo del pronunciamiento se refiere que “según ordena la Constitución Nacional, el Congreso de la Nación es el ámbito natural para legislar”.

"Veintiséis años para enriquecer..."

“Del tratamiento en dicho ámbito debe entonces surgir el equilibrio necesario para la sanción definitiva de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual de la democracia. Las discusiones que en nuestros espacios llevaron veintiséis años sirvieron para enriquecer un debate que -además de urgente- es legítimo, como lo es el mandato de quienes deben darlo. ¿Cómo no pedir entonces a nuestros legisladores y legisladoras que se aboquen con toda dedicación y empeño a resolver, por fin, esta vieja deuda con la democracia argentina?”, se pregunta.
Y finalmente se dice que “todos los legisladores y legisladoras, respondiendo a quienes representan, tienen el derecho y el deber de revisar y corregir el proyecto presentado”, y que “lo que no se puede hacer, es seguir demorando la resolución de una deuda que lleva décadas de espera y que lastima a la democracia que estamos dispuestos a defender sin claudicaciones”.
Entre quienes suscriben se cuentan Héctor C. Brotto, rector de la Universidad Tecnológica Nacional; Carlos Fantini, vicerector de la misma UTN; Gustavo Aspiazzu, presidente de la Universidad Nacional de La Plata; Arturo Somoza, rector de la Universidad Nacional de Cuyo; Horacio Gegunde, rector de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora; Daniel Martínez, rector de la Universidad Nacional de La Matanza; Diego Molea, vicerector administrador de la Universidad Nacional de La Matanza; Ana Jaramillo, rectora de la Universidad Nacional de Lanús; Carlos Ruta, rector de la Universidad nacional de San Martín; Aníbal Jozami, rector de la Universidad Nacional de Tres de Febrero; Gustavo Lugones, rector de la Universidad Nacional de Quilmes; Silvio Feldman, rector de la Universidad Nacional de General Sarmiento; Oscar Spada, rector de la Universidad Nacional de Río Cuarto; Martín Gill, rector de la Universidad Nacional de Villa María; Walter López, rector de la Universidad Nacional del Chaco Austral; Osvaldo Arizzo, rector de la Universidad Nacional de Luján; Martín Romano, rector de la Universidad Nacional de Formosa; Arnaldo Tenchini, rector de la Universidad Nacional de Santiago del Estero; Liliana Demaio, rectora del Instituto Universitario Nacional del Arte y siguen las firmas de otros rectores.