En el marco de "su política en materia de transparencia sobre la gestión de los fondos previsionales", la Caja publicó ayer el informe financiero actualizado a agosto de 2009.
En este documento, al cual tuvo acceso EL DIARIO se difundió de manera detallada los ingresos y egresos del sistema previsional provincial.
Según esta información el desequilibrio en los primeros ocho meses del año alcanzó los $690 millones.
El total de aportes y contribuciones apenas cubren el 74% de las erogaciones prestacionales. Es decir, que de cada $4 que paga la Caja en prestaciones, sólo cuenta con ingresos genuinos para financiar $3.
En base a estos datos se proyecta para todo el año 2009 un desequilibrio superior a los $1.100 millones.
En términos comparativos, el déficit del sistema previsional es similar al gasto proyectado en educación Inicial y Primaria ($905 millones), seguridad ($1.061 millones) y salud ($1.187 millones) y sensiblemente más alto al total del presupuesto destinado a promoción y asistencia social ($752 millones) y al asignado a construcción y mantenimiento de rutas y caminos ($419 millones).
El desequilibrio de los primeros ocho meses del año fue financiado con $324 millones aportados por la ANSES (47% del déficit), con $77 millones recaudados a través de la contribución patronal estatal extraordinaria del 2% fijada para la emergencia (11% del déficit) y con $18 millones por pagos efectivizados con títulos (2,5% del déficit).
El resto fue cubierto fundamentalmente con unos $272 millones transferidos por la provincia. Esto equivale aproximadamente a un 39% del total del déficit.

@Delicada situación

El informe distribuido entre los medios de comunicación indicó que “la provincia fue forzada a transferir una importante masa de recursos a la Caja debido a los incumplimientos de la ANSES (que privaron al sistema previsional de $176 millones) y a los amparos de la Justicia a favor de beneficiarios afectados por el diferimiento (que implicaron erogaciones por $90 millones)”.
En este sentido, el titular de la Caja, Osvaldo Giordano, señaló que “esta delicada situación financiera es la consecuencia de dos factores muy negativos para el sistema. Por un lado, la deliberada actitud del Gobierno nacional de violar un convenio firmado por la presidenta y que fue avalado por el Congreso de la Nación al contemplar en la Ley de Presupuesto 2009 una partida específica para su cumplimiento. Por el otro, el uso distorsivo de los amparos que viene convalidando el Poder Judicial de la provincia, incluso a través del reciente fallo del TSJ. En la práctica, se está utilizando un mecanismo jurídico de excepción y de aplicación transitoria, como lo es el amparo, para impedir, durante más de un año, la aplicación de una ley legítimamente sancionada por la Legislatura y que es clave para evitar el colapso del sistema”.