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Ana María Bianco y Carlos Bonetto junto a su defensor, Cristian Barbero, en la Fiscalía donde se tramitó la causa. En la otra foto, el juez Arturo Ferreyra, que confirmó la elevación a juicio |
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Un nuevo revés judicial sufrieron en las últimas horas los esposos Carlos Eduardo Bonetto y Ana María Bianco, propietarios de la desaparecida agencia de viajes y turismo Castelfranco Vip’s, cuando la Justicia confirmó la elevación a juicio dictada por el fiscal que instruyó la causa penal se les sigue por la presunta comisión del delito de “estafas reiteradas”.
En efecto, sobre el cierre de la actividad tribunalicia del lunes, el juez de Ejecución Penal Arturo Ferreyra, en su doble función de juez de Control Subrogante, ratificó la requisitoria dispuesta a fin de junio pasado por el fiscal Daniel Del Vö, quien acusó al matrimonio de haber estafado a numerosos clientes de la empresa que funcionó en 25 de Mayo 188, en su mayoría vecinos de Villa María.
Bianco y Bonetto fueron imputados por Del Vö como presuntos coautores de “estafas reiteradas” (25 hechos), delito que es legislado por el artículo 172 del Código Penal de la Nación y que es castigado con hasta seis años de prisión (ver “Qué dice la ley”).
Pero pocos días después de la elevación a juicio de la causa, la defensa del matrimonio, ejercida por el abogado Cristian Barbero, presentó un escrito oponiéndose a la medida, por lo que las actuaciones fueron remitidas al Juzgado de Control para que resolviera el diferendo.
Un largo estudio
Luego de poco más de dos meses y medio de estudiar minuciosamente la causa, el juez Ferreyra resolvió confirmar el decreto de elevación a juicio, motivo por el cual a la defensa de Bonetto y Bianco le queda una última oportunidad de revertir esta situación para evitar comparecer en juicio oral y público: apelar la medida ante la Cámara de Acusación de la ciudad de Río Tercero.
Ahora, Barbero dispone de tres días corridos (hasta el viernes a la mañana) para interponer el recurso de apelación ante el cuerpo colegiado riotercerense, que interviene en estas circunstancias, de igual modo que lo hace la Cámara del Crimen de Villa María -pero en su doble función de Cámara de Acusación- cuando debe resolver apelaciones provenientes de causas que se tramitan en los Tribunales de Río Tercero.
Pueden apelar
Si bien la defensa del matrimonio no adelantó cuál será su estrategia, todo indica que -efectivamente- apelará el fallo dispuesto por el juez Ferreyra, en cuyo caso serán los magistrados riotercerenses quienes deberán dirimir definitivamente cuál será la suerte de la docente de 45 años de edad (nació en Villa María el 3 de mayo de 1964) y de su esposo de 50 (también es oriundo de esta ciudad, 9 de agosto de 1959), ambos domiciliados en Entre Ríos 1279.
Si la Cámara de Acusación confirma la medida (algo más que probable, teniendo en cuenta los dos fallos en tal sentido que ya se dictaron), entonces Bonetto y Bianco no tenndrán otra alternativa que sentarse en el banquillo de los acusados para responder a las acusaciones que se les atribuyen. También puede ocurrir que el cuerpo colegiado haga lugar parcialmente a la oposición planteada, e incluso que revoque totalmente la elevación a juicio, aunque esta última posibilidad es prácticamente una utopía dadas las características del caso y la instancia en que se encuentra el proceso.
La defensa del matrimonio es ejercida de manera conjunta por Barbero y su colega Jorge Olmedo, ambos integrantes del bufete de abogados “Rodríguez, Rodríguez & Asociados”, mientras que la mayoría de los denunciantes se constituyeron como querellantes particulares con el patrocinio del letrado Lisandro Caronni.
Carlos Bonetto y Ana María Bianco están sospechados de haber estafado a numerosos clientes de la desaparecida agencia por viajes al exterior que jamás se realizaron.
Los 25 hechos que se le atribuyen se produjeron entre el 3 de mayo de 2006 y el 16 de marzo 2007, mientras que las supuestas maniobras defraudatorias alcanzan una cuantiosa suma de dinero, desglosada de la siguiente manera: 76.094 pesos, 25.302 dólares (unos 97.412 pesos al cambio actual) y 911 euros (alrededor de 5.200 pesos, también al cambio de la víspera).
Los clientes que denunciaron las supuestas estafas pagaron diferentes sumas de dinero en pesos, dólares y euros por viajes que jamás realizaron al exterior, que tenían como destinos ciudades del Caribe y Brasil, y otras del continente europeo.
Castelfranco Vip’s SRL (tal el nombre completo de la empresa) funcionó hasta mediados de marzo de 2007 en el local de 25 de Mayo 188, casi esquina Entre Ríos
El negocio fue fundado en 1995 por Ana María Bianco y su hermana Claudia Ester Bianco de Biondi, pero en 2005 esta última le vendió las cuotas sociales a su cuñado, por lo que todo el paquete accionario quedó en manos de la familia Bonetto.
Qué dice la ley
El delito de “estafa”, también conocido como “defraudación”, es legislado por el artículo 172 del Código Penal de la Nación, que establece que “será reprimido con prisión de un mes a seis años, el que defraudare a otro con nombre supuesto, calidad simulada, falsos títulos, influencia mentida, abuso de confianza o aparentando bienes, crédito, comisión, empresa o negociación o valiéndose de cualquier otro ardid o engaño”.
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