Raúl Montenegro ratificó sus críticas al secretario de Ambiente, Raúl Costa, y anticipó que Funam podría pedir a la Justicia provincial que investigue "el sugestivo apoyo de la Secretaría de Ambiente a una empresa privada que quiere construir y operar un vertedero regional en San Ignacio".
El titular de Funam envió una nota a EL DIARIO respondiendo a las críticas recibidas en este mismo matutino por el secretario de la cartera de Ambiente de la provincia, Raúl Costa, y el siguiente es su contenido:
"Ratifico todos mis dichos durante la conferencia de prensa realizada en Villa María y mis impresiones no forman parte de ninguna campaña de desprestigio contra el secretario de Ambiente de la provincia Raúl Costa.
La provincia debería tener un secretario de Ambiente que sepa del tema y que no dependa de sus asesores para opinar. A mí no me interesa que haya sido candidato a intendente en Villa María, ni que piense seguir siéndolo. Me preocupa sí que empleados públicos como el señor Costa, cuyo sueldo es pagado por nuestros impuestos, se dedique a buscar otros cargos políticos descuidando la Secretaría, ya de por sí mediocremente manejada.
Le recuerdo a Costa que la Secretaría y la Ley del Ambiente 7.343 fueron de mi autoría, pues armé la primera Subsecretaría de Gestión Ambiental de la provincia sin pertenecer a ningún partido político, y redacté el anteproyecto de ley del ambiente que este señor debería aplicar.
Córdoba está ambientalmente colapsada y enumeraré algunos de sus peores problemas: tiene la más alta tasa de desmonte del país -2,93%, superior a la de Africa; las áreas naturales protegidas son de papel; las cuencas hídricas siguen a la deriva; no hay control de la actividad nuclear ni preocupación por la falta de remediación en Los Gigantes y Alta Córdoba; el ingreso a la provincia de residuos peligrosos es una piedra libre, y no se monitorea el estado del ambiente.
Sigue desmontándose ante la falta de controles de la Secretaría. Ambiente llega tarde y mal, como en Huidobro, donde ya se perdió una importante superficie de bosques únicos.
El descontrol existente en Córdoba permite que se desmonte en la provincia un promedio de 50 hectáreas por día, todas ilegales. Si aplicamos esta cifra a los cuatro meses que lleva durmiendo en el escritorio del señor Raúl Costa el proyecto de ley de bosques nativos que redactó la COTBN, el costo es inaceptable. Son cuatro meses que la Legislatura no tuvo para analizarlo, y seis mil hectáreas de bosque nativo desmontadas clandestinamente por falta de control.
Respecto al proyecto impulsado desde Ambiente para construir los vertederos regionales de Calamuchita y Punilla, no sólo quieren hacerlos con los 14 millones de pesos del Impuesto al Fuego, lo que es una barbaridad. También olvidan decirle a la sociedad que los vertederos regionales de Traslasierra y Cruz del Eje fueron un fracaso.
Los propuestos vertederos de Ambiente son un buen negocio para las empresas que los construyen, y un premio para los intendentes que dejaron crecer basurales abiertos. Pero futuros Bouwer para Calamuchita y Punilla.
El señor Raúl Costa debería anotar que tanto el empresario que fue a vender su proyecto de vertedero a San Ignacio, en Calamuchita, como los funcionarios de Ambiente que lo acompañaron, recibieron el rechazo de los habitantes de la zona, quienes los acusaron de improvisados y de hacer negocios disfrazados de prevención de incendios.
Funam posiblemente presente un pedido de investigación penal ante la Justicia para que determine si esta curiosa asociación entre el Gobierno y una empresa privada es correcta, o implica violación de los deberes de funcionario público. Está claro que en San Ignacio el Gobierno apoyó abiertamente una propuesta privada cuya presentación fracasó por la airada protesta de los vecinos. El reclamo es justo. Las comunidades quieren que cada comuna se haga cargo de sus residuos y que no se creen nuevos Bouwer".