Uno de los principales fantasmas que agita el oligopolio informativo para oponerse con furia a la sanción de una nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, es que si ello ocurre, se producirá una hemorragia de despidos de trabajadores de la comunicación.
De acuerdo con ese libreto, periodistas, locutores, operadores, camarógrafos, productores, administrativos y el resto de la constelación de laburantes de los medios audiovisuales, de ahora en más vivirán con la guillotina sobre sus cabezas por obra y gracia de la nueva norma legal que viene a remplazar a la heredada de la dictadura militar.
De tanto machacar con ese argumento -debidamente amplificado por sus voceros-distintos sectores de la comunidad han revelado su preocupación por el tema. Se suma a ellos el coro estable de una clase política desesperada por congraciarse con el poder mediático y que confunde deliberadamente libertad de prensa con libertad de empresa.
Más aún, no faltan los colectivos de trabajadores de esas empresas dominantes que, por acción u omisión, por conveniencia u ignorancia o simplemente por miedo, se tragan la píldora.
El Grupo Clarín; el Grupo Vila, Manzano, De Narváez; el Grupo Telefónica de España, Cadena 3, entre otros, esgrimen un discurso perverso, falaz, oscurantista y se cuidan muy bien de decir lo que es una verdad de "Perogrullo" para el común de los mortales.
A mayor cantidad de medios de comunicación, promovidos por la desconcentración de la propiedad a la que apunta el proyecto de ley que se debate en el Senado de la Nación, mayor demanda de trabajo. Por el contrario, a más concentración y monopolio, menor cantidad de puestos de trabajo disponibles. Así de sencillo. Así de rotundo.
Con la aparición de los multimedios en la década del ‘90, de la mano del formidable proceso de concentración de las empresas de comunicación, se reflejó con toda crudeza el nivel de precarización y flexibilización laboral que castiga a la actividad y de la que son sus principales víctimas, aunque no las únicas, los movileros que trabajan a destajo con sus grabadores y micrófonos para hacer la nota de turno para la radio y la TV del grupo que abona sus salarios y, en más de una ocasión, para el diario de esa misma corporación.
Dos o tres trabajos cumplidos contemporáneamente por un solo sujeto. El paraíso de la superexplotación, el sueño de todo patrón de estancia, que eso y no otra cosa son los gerentes de Recursos Humanos de esas empresas. Verdugos cotidianos de los compañeros que, sin embargo, y para su enfado, se organizan y luchan en defensa de un salario digno y mejores condiciones laborales.
Son unos caraduras.
Y todavía tienen el tupé de asustar con el cuco del despido para crispar aún más a una sociedad azotada por la pobreza, el desempleo y la marginalidad, cuando ellos fueron y son los principales responsables del achicamiento de la fuerza laboral en el universo de la comunicación.
Tanto a nivel nacional como en cada una de las provincias, el ejercicio de monopolización de la comunicación dejó un tendal de desocupados. Por caso, los trabajadores cordobeses recuerdan perfectamente la cantidad de despidos disfrazados bajo el ropaje de “retiros voluntarios” que operó el Grupo Clarín cuando desembarcó en esta provincia para quedarse con casi todos los canales de TV por cable, el diario La Voz del Interior y Canal 12.
No se puede olvidar, tampoco, el proceso disparado a través del terror para desconocer los convenios colectivos de trabajo, el Estatuto del Periodista Profesional, propiciar los acuerdos de parte para extender la jornada laboral, disminuir salarios, etcétera, escudados en su posición hegemónica.
Ese panorama desolador se reprodujo en el conurbano bonaerense y a lo largo y ancho del país.
Entonces, ¿de qué están hablando ahora? En realidad, quieren sepultar una discusión legítima y necesaria bajo los escombros de una amenaza vil que, por otro lado, ya ejecutaron en tiempo y forma.
Sólo la resistencia insobornable de las organizaciones gremiales, y la voluntad de los trabajadores organizados en cada empresa, fue capaz de poner un límite a tanta voracidad patronal.
Ni hablar de los mecanismos de censura y autocensura impuestos con mano férrea por los directores de contenidos para que circule y se difunda el discurso único funcional a los intereses de los que mandan.
El cuco no existe. Sólo sirve para asustar a los chicos a la hora de la siesta. La verdad es que los trabajadores y el pueblo nos merecemos una nueva Ley de Radiodifusión antimonopólica, plural, democrática, capaz de distribuir la palabra con justicia social.

"Ni hablar de los mecanismos de censura y autocensura impuestos con mano férrea por los directores de contenido para que circule y se difunda el discurso
único y funcional...”


* Secretario de
Comunicación y
Difusión de la Central
de Trabajadores
Argentinos (CTA)