El fiscal de la Cámara del Crimen de Villa María solicitó ayer una condena de 12 años de prisión para uno de los presuntos asaltantes de la abogada hernandense Rosa Elena Nou y pidió una pena de seis años y ocho meses para su empleada doméstica por considerarla cómplice de aquel atraco, registrado a mediados del año pasado.
Francisco Márquez requirió el mayor de los castigos para Mauricio Daniel Sosa, un jornalero de 30 años de edad, a quien considera -entre otros hechos- coautor responsable de “robo calificado por uso de arma de fuego” en relación al audaz asalto que damnificó a la conocida letrada de Hernando.
En tanto, el acusador público pidió que Estela Marys Barraza, de la misma edad que Sosa, sea declarada “partícipe necesaria” del mismo delito y se le imponga la pena antes descripta.
Por otra parte, Márquez solicitó penas de tres años y dos meses de prisión efectiva para los coimputados Patricio Sebastián Aranda y Oscar Eduardo Díaz, y de tres años de cárcel, con declaración de reincidencia, para Miguel Angel Esquivel, quienes también son juzgados en este proceso oral y público.
Los cinco encartados están relacionados en causas conexas por numerosos hechos delictivos perpetrados en Villa María, Río Tercero y la zona rural de Pasco -además del asalto ocurrido en Hernando- durante el transcurso del año 2007 y el primer semestre de 2008.
Las causas en cuestión se unificaron en un solo proceso penal que derivó en este juicio, que es presidido por la camarista Silvia Saslavsky de Camandone y que además tiene como común denominador al abogado riotercerense Alberto Vieytez Monrroig, quien defiende a Sosa, Aranda, Díaz y Esquivel.
En tanto, Barraza es patrocinada por el letrado Jorge Bustos, de Villa Nueva, mientras que el secretario actuante es Roberto Jue.
Precisamente, el defensor de la mujer solicitó la absolución de su clienta al formular su alegato, mientras que Vieytez Monrroig pidió algunas rebajas en las penas de sus defendidos: tres años para Aranda y Díaz y ocho para Sosa, al tiempo que adhirió a la condena solicitada por el fiscal para Esquivel.
El juicio concluirá hoy a media mañana. El debate se reanudará a las 8.30 con lo que se conoce como la “última palabra” de los imputados y luego la jueza Saslavsky pasará a deliberar para dictar sentencia.

Uno por uno

Mauricio Sosa: 30 años, jornalero, domiciliado en Paraguay 426, barrio Las Playas. Llegó a juicio imputado como coautor de “robo calificado por uso de arma de fuego” y “violación de domicilio” y autor de “robo calificado por uso de arma” reiterado (dos hechos), “portación de arma de guerra sin autorización”, “resistencia a la autoridad”, “abuso de arma”, “violación de domicilio” y “resistencia a la autoridad”.
Estela Barraza: 30 años, domiciliada en 12 de Octubre 284, en la ciudad de Hernando. Comparece imputada como “partícipe necesaria de robo calificado por uso de arma”.
Patricio Aranda: 24 años, afincado en Paraguay 760, barrio Las Playas. Está acusado como coautor de “robo calificado por uso de arma de fuego” y “violación de domicilio”, y autor de “lesiones leves”, “encubrimiento”, “resistencia a la autoridad” y “lesiones leves”.
Oscar Díaz: 26 años, con domicilio en Figueroa Alcorta s/n, barrio Las Playas. Se le imputan los delitos de coautor de “robo calificado por uso de arma” y autor de “encubrimiento”, “portación de arma de uso civil sin la debida autorización” y “violación de domicilio”.
Miguel Esquivel: 27 años, radicado en Salto Grande y Traful, en barrio Los Olmos de Villa María. Está acusado de ser coautor de “robo calificado por uso de arma” y autor de “robo calificado por escalamiento”.

Aquel robo a la doctora Nou que conmovió a los vecinos

El hecho más sonado que se ventila en este juicio es, sin dudas, el asalto que tuvo como víctima a la conocida abogada Rosa Nou, quien fue maniatada y despojada de una importante suma de dinero y joyas a media mañana del lunes 30 de junio del año pasado, en su domicilio de Las Heras 235, en Hernando.
Aquel violento episodio, del cual se hizo eco EL DIARIO en sus ediciones del 1 de julio y días subsiguientes, conmocionó a la opinión pública hernandense no sólo porque los delincuentes se tirotearon con la Policía, sino porque luego de algunas averiguaciones se detuvo a la empleada doméstica de Nou, acusada de haber proporcionado información desde el interior de la vivienda a los delincuentes.
Los sujetos, armados y encapuchados, maniataron a la abogada y a Barraza y se llevaron unos 17 mil pesos, 1.500 euros y valiosas alhajas, y antes de retirarse de la vivienda agredieron a la doméstica, golpeándola en la cabeza con la culata de un arma.
En la huida, los asaltantes intercambiaron disparos con efectivos policiales que fueron avisador por un hijo de la letrada, y una de las balas impactó en el hombro de Elena Canelo, de 21 años, quien se encontraba trabajando en una verdulería ubicada en las proximidades de la casa de Nou.
Un celular, que en la corrida se le cayó a uno de los ladrones, fue clave para determinar la presunta responsabilidad de Barraza en el hecho. Un mensaje de texto advertía que “estaba todo listo” para que pudieran entrar a la vivienda. La pista indica que fue la empleada quien lo envió al teléfono del ladrón, que lo perdió en la huida.

Sosa, un tipo “conocido” en el Palacio de Justicia

Mauricio Sosa se hizo conocido a través de los titulares periodísticos por haber estado vinculado con el homicidio del remisero Carlos Alberto Santos, acaecido el 14 de diciembre de 2002.
Sin embargo, Sosa fue absuelto a mediados de octubre de 2004 al cabo de un juicio oral y público sustanciado en la misma Cámara villamariense donde ahora es juzgado por cuarta vez en los últimos siete años.
Ocurre que el 17 de setiembre de 2003 la Justicia local lo condenó junto a otros dos jóvenes por tres robos perpetrados en el Tiro Federal, una panadería y un almacén de Villa María.
Sosa recibió entonces una pena de tres años y medio de prisión por su participación en los tres ilícitos, pero como tenía pendiente una condena de tres años en suspenso, dictada el 19 de setiembre de 2002 por otros dos robos, se le impuso una única sanción de cinco años de prisión de cumplimiento efectivo.