Escribe: Carlos La Serna*
Asistimos a lo que por su oportunidad y eficacia, pareciera un concertado acoso de los intereses corporativos sobre las posibilidades de ejercicio de la democracia y goce del bienestar. La vida ciudadana es nuevamente socavada en sus principios más básicos. Si ciudadanía es el goce de ciertos derechos en condiciones de una igualdad -en la diversidad- esa ciudadanía, de la que gozamos desde luego de una manera decididamente perfectible; nos es aún más mezquinada, cuando no, directamente expropiada.
El conflicto reciente entre el SUOEM y la Municipalidad de la ciudad de Córdoba, fue una oportunidad para que refiriéramos a esta relación entre intereses particulares e interés público, relación esta que es la protagonista indiscutida de la escenificación del drama de la política argentina. Pero claro, siempre se piensa que aquella oposición entre intereses particularistas, que generara tal debate y repulsa social, sería un momento de aprendizaje que llevaría a los actores de futuros conflictos a evitar afectar el interés público en aras de sus pretensiones.
¡Nada de eso!, el acoso sobre la ciudadanía persiste y lejos de constituir un “efecto no buscado” de los conflictos, pareciera representar un objetivo en la búsqueda de desacreditar la legitimidad del adversario, sin advertir que si algo se desacredita es el propio agresor...
Quizás sea útil sugerir que el Estado muestra ciertos avances democráticos, que encuentran en las corporaciones una fuerte oposición.
Le pasa a Barack Obama, cuya reforma educativa es tachada de comunista; le pasa a Evo Morales, cuyo régimen se asienta sobre el apoyo de las ancestralmente marginadas comunidades indígenas, que encontró en los dueños y alcaldes de la media luna fértil -en “unidad orgánica” alrededor de los beneficios de la concentración de la propiedad agrícola- una salvaje oposición.
Pero descendamos a nuestra más local realidad: la negativa a otorgar turnos de atención en los hospitales públicos; el corte de energía a barrios -periféricos- de la ciudad por el sindicato Luz y Fuerza, la estafa con los medicamentos falsos -oncológicos, contra el SIDA- que se ha detectado en la obra social de la Asociación Bancaria pero que se extendería a varias obras sociales sindicales.... Pero las conductas corporativas no pertenecen sólo, ni mucho menos, a ciertas prácticas de sindicatos ligadas a servicios indispensables a la vida.
Al interés corporativo, interés particularista que se sobrepone al que nos asiste como ciudadanía y como sociedad, lo vimos actuar en la -equivocada y en retroceso- coalición “campesina” de la Mesa de Enlace -mediante cortes de rutas, desabastecimiento, etcétera- y lo vemos también en estos días en la impresionante campaña de la tan o más poderosa corporación de los medios de comunicación.
Pero, no nos engañemos. No sólo hay intereses comerciales o económicos en esta acción, se hacen presentes también, de forma velada, intereses políticos poco confesables. Observamos en una nota anterior, la vinculación ideológica y práctica de la Sociedad Rural con personajes del autoproclamado Proceso de Reorganización Nacional -militares y periodistas como Mariano Grondona- y la evocación de la figura de Martínez de Hoz que hiciera el presidente de la Confederación de Asociaciones Rurales en una increíble conferencia de prensa de la Mesa de Enlace.
Los medios escenifican nuevamente esta lamentable alianza con el autoritarismo y la corrupción. Dos últimos eventos son paradigmáticos al efecto: el reciente llamado por la web a juntar cinco millones de firmas para lograr la salida del poder de la actual presidente, que fue acompañado por la convocatoria fallida a cacerolazos en distintos puntos del país. Y previamente hemos sido testigos de la pública coacción que ejerce Jenefes, senador por Jujuy, que considera que no tiene conflictos éticos cuando se lo llama a excluirse del debate del proyecto de ley en la Cámara de Senadores, por ser propietario de un multimedia. La misma negativa que protagonizó el diputado De Narváez, socio en otro multimedia junto a Vila y Manzano (protagonista de la auto incriminación que significó declarar que, bajo el menemismo, el robaba “para la corona”).
Lo que está pues en juego, no es sólo una ley de medios, seguramente perfectible, pero que se encuentra varios pasos adelante en cuanto a la garantía de pluralidad del sistema de medios respecto al ordenamiento militar que aún nos rige. Lo que está en juego es la exigencia que deberíamos hacer valer los ciudadanos, de evitar el retorno, otra vez vía la democracia, de una derecha asociada a las más deleznables prácticas políticas y económicas...
Las opciones de hierro son sin duda detestables; acotan nuestra libertad. Pero hay que decir también, que el apoyo a la ley dejó de contar sólo con el oficialismo, para sumar a grupos parlamentarios a los que no se puede tachar de antidemocráticos ni de corruptos. Estos apoyos lograron, desde posiciones muy distanciadas de la oposición y puntualmente críticas respecto del proyecto del Ejecutivo, mejoras sustanciales en la ley que se trata, posiciones que alejaron la posibilidad de reedición de una nueva estructura oligopólica como la que caracteriza al sistema regido por el decreto militar.
Finalmente, cabe advertir sobre la grosera tergiversación que se hace de la legalidad. Deslegitimar a las actuales cámaras para el tratamiento de este proyecto de ley, por los resultados de las últimas elecciones legislativas, es no sólo una falacia legal que inhabilitaría al Congreso como Poder Legislativo durante un prolongado plazo, sino que constituye la coartada para, después del 10 de diciembre, guardar el proyecto en el último cajón del despacho del senador Jenefes; es decir, de los multimedios.
*Profesor de la Universidad Nacional de Córdoba , en Hoy Día Córdoba