El disparador fue el caso de Cristian Ozán, un joven de 25 años que estuvo 178 días preso y fue puesto en libertad tras ser declarado inocente. Pero no es el único. “Veo en la cárcel que hay más personas que pasan por lo mismo”, dijo José Miguel Marengo, sacerdote trinitario y asesor de la Pastoral Penitenciaria.
En diálogo con EL DIARIO, el religioso fue tajante: “Hay una violación sistemática de los derechos humanos porque en los hechos, prohíben la libre circulación de las personas”. “Si tenés antecedentes o portación de rostro, sos detenido, te convertís en sospechoso”, agregó.
Y la pregunta que el mismo sacerdote se hace, resulta inevitable: “¿Quién se hace cargo de una persona que estuvo presa injustamente? Lamentablemente, nadie”. Y contó un caso -ratificando que el del joven Ozán no es el único, y que ha visto casos similares no sólo en Villa María, sino en Córdoba, Marcos Juárez y Bell Ville- de un hombre detenido por casi tres meses que salió en libertad sin culpa ni cargo de ningún delito. “Tenía a su mujer embarazada, perdió el trabajo y su vida a partir de ahí no fue la misma”.
Otro caso es el de un hombre mayor (juzgado en Córdoba) al que le habían dado un terreno con cargo de construir la casa. “Estuvo preso dos años, también fue declarado inocente, pero al volver le quitaron el terreno porque no había cumplido con el compromiso de construir la casa, su mujer se había ido y se encontró con que tenía que comenzar de nuevo, sin nada”, relató el sacerdote.
De todas maneras, prefiere no caer en lo anecdótico de las historias particulares. Sabe que son muchos los detenidos injustamente y muchos los perseguidos que no pueden andar libremente por la calle.
Si la Policía tiene una responsabilidad en las detenciones injustas, a la Justicia le cabe otra. ¿Cuál es el rol de la Justicia en este contexto?, le preguntamos. “Creo que actúan con presión de la sociedad que se alarma por este contexto de creciente violencia e inseguridad. Así es que actúan de manera rápida, violentando los derechos de las personas. Me parece que esto se da porque confían excesivamente en la investigación policial que, entre otras cosas, hace reconocimientos partiendo de fotografías. Es decir, le preguntan a la víctima de un delito si cree que el autor es el de la foto y después, en el reconocimiento es fácil señalarlo, si ya le dijeron quien podía ser. Indudablemente que orientan el testimonio, porque se dan casos de hechos delictivos cometidos por personas con la cara cubierta, que después son reconocidas por este sistema”, argumentó.

s Alternativas

Al salir de la cárcel, quien se siente hostigado por la Policía, perdiendo lo que pudo haber conseguido en la vida y sin nadie que se haga cargo del daño que le causaron, tiene que recorrer un camino difícil. Por eso es que para Marengo, el principal problema está en la sociedad, que no se hace responsable de estas personas victimizadas por esta violencia de Estado.
“Es imprescindible que dejen de detener por portación de rostro. Es imprescindible que los antecedentes no conviertan a alguien en sospechoso, porque si no, no hay posibilidades de empezar una nueva vida. Nosotros trabajamos con la esperanza de que el hombre puede volver a empezar, en cambio, hay ciertos policías que creen que aquel que cometió un delito, lo va a seguir haciendo siempre. Como si fuera algo genético y por eso no dejan de perseguir a un liberado”, señaló.
Lamentó que a los jóvenes que ingresan a la fuerza se los forme en ese concepto.
Como ministro Vicarial de los Trinitarios en Latinoamérica, Marengo puede apreciar que no es la misma situación en el resto de los países. “Se da especialmente en Argentina, en provincias como Mendoza, Córdoba y Buenos Aires”, dijo.
Otra alternativa es hacer que las instituciones que deben controlar el funcionamiento policial, como la presidida por la villamariense Ana Becerra, funcionen de verdad. “No sé si hay algún expediente terminado de todos lo que se presentaron”. Igual curso corren las denuncias contra apremios de parte de la Policía presentados en la Justicia.
En lo que hace a los vecinos hostigados, pidió que no duden en denunciar. “También se pueden pedir recursos como el amparo o hábeas corpus. Hay que terminar con esta situación que violenta los derechos de las personas”, dijo.
Lamentablemente, al ver que hay reincidencia en hechos delictivos, considera que el hecho de que se produzcan más detenciones, con más personas en las cárceles “no garantiza más seguridad”. sino por el contrario, la violencia oficial genera “más violencia como respuesta”.
Mientras tanto, jóvenes como Ozán -quien tuvo la grandeza de salir sin rencores de la cárcel- tienen la labor de rehacer su vida con la cruz de haber vivido tras las rejas injustamente.
Si además de eso, llega a ser hostigado de ahora en más por la Policía, la institución sumaría otra situación injusta. Indudablemente que algún día, alguien tendrá que pagar por eso.
Marengo no niega “la inseguridad ni la violencia que se vive, ni tampoco es el hecho de censurar a la Policía ni a la Justicia, pero no se puede negar, como lo que le pasó Christian y otros muchos, que hay abusos, que hay actuar desmedido, apremios ilegales, presiones. El detener de manera arbitraria y violenta por parte de ciertos policías, debe cesar. Hay organismos que deben actuar de una vez para controlar todo esto y dejar de cajonear las denuncias para que nos olvidemos. Si esto sigue así, todos seremos sospechosos y terminaremos siendo víctimas de un sistema que quiere poner orden violando libertades y derechos fundamentales”, concluyó.

Patricia Gatti