Más allá de la discusión sobre la legitimidad de recibir fondos que envía la Nación para la Municipalidad de Villa María para luego transferirlos al Eninder, esto ya se ha transformado en una costumbre.
Lo demuestra el hecho de que hasta el momento, ya se han rechazado por parte de los tribunos de la oposición, pedidos que suman 16.017.044 pesos. Y eso que todavía no llegaron los expedientes para transferir los 43 millones que costará la nueva remodelación del Anfiteatro con lo que sumarán casi 60 millones.
Para los vocales del Tribunal de Cuentas José Naselli (Democracia Cristiana) y Francisco Maristany (Frente Cívico), no es legítimo hacer la transferencia porque, entre otros argumentos, representa una contratación directa al Eninder, lo que no está permitido por ordenanza.
Para el fiscal Gustavo Atienza, la transferencia es legal porque si bien no pasa por los controles del Tribunal de Cuentas, la utilización de los fondos está revisada por el Ministerio de Planificación, que es el que aporta el dinero.
Desde mayo hasta hoy, sistemáticamente los tribunos de la oposición rechazan el pase (ver nota aparte) de recursos al Eninder y el intendente Eduardo Accastello, tal como lo establece la Carta Orgánica, insiste.
Ante el nuevo rechazo, transfiere los fondos haciéndose cargo del riesgo de no contar con el aval del Tribunal de Cuentas. Ya lleva 16 millones.

“No vamos a bendecir este tipo de convenios”, aseguran desde el Tribunal

El último rechazo de los vocales del Tribunal de Cuentas a la transferencia de fondos fue el que se realizó mediante la Resolución 74.
En esa oportunidad, se negaron a autorizar el pase de algo más de un millón de pesos al Eninder.
En esta oportunidad, el texto de la resolución avanzó en lo que Naselli y Maristany denominan “explicación didáctica” de los argumentos con los que fundan el rechazo. Dicen que la madre del borrego está en el convenio marco suscripto entre el Eninder y el municipio el 18 de diciembre de 2008, firmado “ad referendum” del Concejo Deliberante, donde se establece la posibilidad de que el organismo intermunicipal pueda ejecutar las obras sin licitación previa.
“En ese convenio marco, se comete un doble pecado original”, indican los tribunos, porque se realiza “una contratación directa con un organismo presidido por el mismo intendente” y se eluden “las facultades y deberes del Tribunal de Cuentas para controlar este tipo de actividades”.
“Y se agrega la cláusula ad referendum del Concejo Deliberante, como si ello fuera suficiente para que mediante ordenanza, el cuerpo borre esa mancha original que el convenio marco lleva consigo”, indicaron en el texto.
“Las contrataciones corresponden hacerse en todos los casos aplicando la ordenanza sobre compras, que, según el monto de esta transacción, en este caso, supera ampliamente la posibilidad de contratación directa correspondiendo o bien la licitación pública o bien la vía de excepción también prevista por la ordenanza de compras”, agregan. Aseguran que en todas las contrataciones se pide la autorización del Tribunal “excepto cuando se trata del Eninder”. Finalmente se preguntan “¿quiénes están abusando del derecho? No serán los que contratan a espaldas de este Tribunal y luego pretenden convalidad esos tratos mediante resoluciones que llevan el pecado original de haber violado los principios éticos y jurídicos de la Carta Orgánica”.