Luego de 10 meses y medio de persistentes esfuerzos legales, el martillero judicial villamariense Jorge Alberto Barrera logró que la Justicia de San Francisco imputara al titular de la Comisaría de la localidad de Brinkmann que a mediados de noviembre del año pasado lo detuvo ilegalmente durante un operativo de control vehicular que se realizaba en el cruce de las rutas 1 y 17, en el noreste provincial.
En efecto, el fiscal de Instrucción del Primer Turno de los Tribunales sanfrancisqueños, Oscar Alberto Gieco, imputó al subcomisario Carlos Páez como presunto autor de los delitos de “abuso de autoridad” y “privación ilegítima de la libertad”, y pese a la grave acusación no fue separado provisionalmente del cargo, por lo que continúa desempeñándose como jefe de la dependencia policial de Brinkmann.
Páez también debió comparecer ante el citado funcionario judicial para ser indagado, y lo hizo acompañado por el abogado Nicolás Abrile, asesor letrado de la Unidad Departamental San Justo (a cuya jurisdicción pertenece la Comisaría de Brinkmann), pero cuando se presentó sólo expuso sobre condiciones personales ya que se abstuvo de declarar.
Barrera es asistido legalmente por el abogado sanfrancisqueño Mario Ricardo Ruiz, quien debió batallar insistentemente para conseguir que la Justicia terminara imputando a Páez ante el respaldo político e institucional que el propio funcionario adujo tener en este proceso.
Es que el denunciado jefe policial, en numerosas declaraciones periodísticas formuladas a medios regionales, manifestó haber recibido “apoyo por parte del intendente de la localidad, Jorge Racca, y de toda la comunidad ante la denuncia”. Incluso dijo estar “totalmente respaldado por la institución policial”.

Una dura carta

Esta irregular situación motivó al martillero Barrera a escribirle una carta al fiscal Gieco, a través de la cual le solicitó que librara orden de detención de Páez y elevación a juicio de la causa en su contra.
En dicho escrito, el profesional villamariense destaca que “es pública la soltura con que se maneja esta persona en los ámbitos periodísticos, haciendo popularidad de ser una persona que se siente ‘bancada, ‘apoyada’ por su institución, la Policía, y el poder político de Brinkmann, en la figura del intendente (según sus manifestaciones), respecto a su accionar en lo referente a la denuncia llevada a cabo por ‘abuso de autoridad’ y ‘privación ilegítima de la libertad’, entre otras cosas”.
“Creo que la conducta de esta persona es realmente temeraria y enfermiza -añade Barrera- ya que en ningún momento, desde que sucedieron los hechos, reconoció su accionar ilegal, a pesar de que su superior (el comisario Zabala) sí lo hiciera, tal como lo deja expresado en el Sumario Contravencional Policial 112/08 (...) en el que soy sobreseído de algo que nunca ocurrió ni correspondió: el merodeo.”
Luego de citar diferentes notas periodísticas en las que el subcomisario Páez hace explícita referencia al apoyo que le habrían expresado fuerzas políticas, ciudadanas y policiales ante la denuncia en su contra, el martillero Barrera concluye la nota remitida al fiscal Gieco en los siguientes términos:
“Creo, señor fiscal, que esta persona no debe estar ni un día más al frente de una comisaría, ni siquiera ser parte de la fuerza, por que si estando en democracia tenemos en las fuerzas personajes de esta talla, ¿cual habría sido su accionar en épocas del proceso? Ni me lo quiero imaginar. Con el respeto que se merece, creo que esta persona ya debería haber sido separada del cargo, detenida y sometida a juicio por su accionar desde la fuerza y en los medios.”

Grave denuncia

En la edición de EL DIARIO del 19 de noviembre de 2008, a través de una extensa carta, el martillero Barrera denunció pormenorizadamente que había sido encarcelado ilegalmente y que estuvo detenido durante cinco horas sin motivo.
Por haber estado sacando fotos para una tasación judicial, sorprendentemente le impusieron la figura de “merodeo” y lo mantuvieron entre rejas desde las 14.30 hasta las 19.30, impidiéndole incluso que se comunicara por teléfono con sus familiares o con un abogado.
En aquella misiva, Barrera denunció “malos tratos, privación ilegítima de la libertad, obstrucción a la labor judicial, vejaciones y violación de mis garantías constitucionales, en el accionar de la Policía de Brinkmann, a cargo del subcomisario Páez y como consecuencia de cumplir la tarea encomendada por el tribunal, fui detenido, privado de mi libertad y encarcelado ilegalmente”.
Barrera también denunció el hecho ante el Tribunal de Conducta Policial de la provincia, que conduce la abogada villamariense Ana Becerra, pero hasta el momento dicho organismo no tomó ninguna medida ni aplicó sanción alguna al subcomisario Páez.

¿Y por casa?

En Villa María, desde setiembre del año pasado a la fecha, se produjeron innumerables denuncias por abusos policiales de los más variados, pero hasta el momento ninguno de los tres fiscales de instrucción imputó a ningún uniformado.
Sólo hubo alguno que otro “movimiento” dentro de la Unidad Departamental General San Martín (entiéndase por “movimiento” a reacomodamiento de efectivos de un puesto de calle a alguna oficina o dependencia en algún pueblo de la zona), pero desde el punto de vista judicial, al menos que se sepa, no hay ningún policía procesado por los numerosos casos de apremios ilegales que fueron denunciados en los últimos 13 meses.
Como es de público conocimiento, la seguidilla de hechos de esta naturaleza dio lugar al nacimiento de la comisión de Vecinos Autoconvocados Contra los Abusos Policiales (VACAP), el 10 de octubre de 2008, y pese a las reiteradas acciones públicas de esta organización en los Tribunales locales, la Justicia no ha dado respuestas procesales positivas.