"Hicimos lo que es nuestra obligación como funcionarios." Esa fue la única frase de la actual intendenta de La Playosa, María Cristina Barbisán, respecto a la denuncia penal contra el ex jefe comunal Aurelio Semenzín y el ex secretario de Gobierno de éste, Edgar Olcelli.
La mandataria evitó hacer declaraciones ante la consulta de EL DIARIO y derivó esa responsabilidad a su asesor letrado, Alejandro Pérez Moreno, el abogado cordobés defensor de los hermanos Maximiliano y Sebastián Eve, imputados en la causa por el atentado contra el dirigente sindical Alejandro Roganti.
Más allá de esto, cabe mencionar que la presentación judicial que se interpuso ante la Fiscalía de Daniel Del Vö, pero que pasaría a manos del fiscal Gustavo Atienza, Secretaría a cargo de Elba Oyola, en función de ser la que coincidiría en su turno con la fecha de los supuestos ilícitos denunciados, advierte que hacia diciembre del pasado año, cuando Semenzín y Olcelli finalizaban su mandato, habrían cobrado de manera “ilícita” haberes en concepto de “sueldo anual complementario” y “vacaciones no gozadas”.

¿Sobresueldos?

El texto de la denuncia indica que el ex jefe comunal habría percibido de esta forma más de 10 mil pesos y Olcelli una cifra superior a los 8 mil, lo que según la presentación judicial de Barbisán no está contemplado en las ordenanzas vigentes de La Playosa para los cargos de intendente y secretario de Gobierno.
Además, expresa textualmente que implica “una verdadera sustracción de caudales pertenecientes al fisco municipal, por cuanto habrían sido apartados en forma intencional y con conocimiento de su ilegitimidad de la esfera administrativa por parte de los denunciados”.

¿Sobreprecios?

La denuncia asentada por Barbisán se refiere además a supuestos sobreprecios en el caso de la contratación directa que se realizó para construir el perimetrado del parque industrial playosense.
Al señalar como irregular este acto, indican que fue advertido por una comisión creada por ordenanza el 14 de abril último y cuya resolución se tomó el 6 de agosto, que integrada por los concejales radicales Miguel Cerutti y Vanesa Baudino y Rosana Lione por Unión por Córdoba, advirtió “numerosas irregularidades en la contratación y realización de la obra en cuestión, lo que habría generado un importante perjuicio económico para el municipio”.
Según este informe, ratificado en la denuncia firmada por Barbisán, se habrían pagado cerca de 200 mil pesos por una obra cuyo costo estimaron en los 45 mil, según esta comisión ordenada para estudiar este aspecto.

Espontánea

El ex intendente Semenzín se presentó el lunes en forma espontánea junto a Olcelli, para responder por la denuncia de “peculado y administración fraudulenta” que pesa en contra de ambos.
Así, los ex funcionarios se presentaron ante Del Vö en los Tribunales villamarienses y se pusieron a disposición de la Fiscalía, asesorados por el abogado Rodrigo Hayas.
A la salida del palacio de Justicia, Olcelli y Hayas, dialogaron con los medios presentes, donde manifestaron se pusieron a disposición de la Fiscalía "para que realice las investigaciones que correspondan, porque evidentemente hay una campaña de difamación y falsas denuncias que viene haciendo la intendenta”.
“Nosotros queremos que el fiscal investigue como corresponde, ya que no vemos la existencia de pruebas evidentes que certifiquen la denuncia que estamos sufriendo”, agregó el ex secretario de Gobierno.
Olcelli acompañó los cuatro mandatos de Semenzín (16 años), sostuvo que "no tienen otra forma de difamar por todas las obras y lo que se ha realizado por la comunidad y la gente de La Playosa”, dejando trascender que los motivos de la denuncia son políticos.
“No sabemos por qué la presentación se hace en este momento, sabemos que los tiempos no se están cumpliendo como corresponde, ya que cuando nosotros entregamos el inventario a las nuevas autoridades, ahora aparecen ciertas falencias cuando se debería haber hecho un control inmediato”, añadió el ex secretario.
Por su parte, Hayas aclaró que aún no tuvieron acceso al expediente, negó que se hayan entregado pruebas desde esta parte y explicó que “se cumplimentó lo que prevé el artículo 270 del Código Procesal Penal, en donde cuando una persona se entera que está sospechada de algún delito, hace una presentación espontánea ante el fiscal, se pone a disposición y solicita su mantenimiento de la libertad”.