Escribe: Dr. Miguel Rodríguez Villafañe*

La Constitución provincial indica, en el artículo 36, que “el Estado provincial fomenta y promueve la organización y desarrollo de cooperativas y mutuales. Les asegura una adecuada asistencia, difusión y fiscalización que garantice su carácter y finalidades”.
Sin embargo, especialmente durante el Gobierno de José Manuel de la Sota, y ahora se reitera en el de Juan Schiaretti, se retienen ilegalmente fondos con destino a la economía solidaria. Fondos éstos que, de acuerdo a la Ley, tienen que invertirse para brindar educación en los valores cooperativos, en todos los niveles de enseñanza primaria, secundaria y terciaria y para la creación y desarrollo de cooperativas en todos los ciclos del quehacer económico, producción primaria y fabril, comercial, de servicios, vivienda, trabajo y consumo; entre otros objetivos específicos.
Es imprescindible difundir el espíritu de organizaciones, como las cooperativas y las mutuales, dado su carácter de asociaciones de personas que aspiran a regir sus relaciones socioeconómicas sobre la base de normas de igualdad, solidaridad, justicia y equidad. Resulta fundamental informar y educar en dichos valores y multiplicar las organizaciones concebidas bajo dicho tipo de vocación asociativa. También se tiene que evitar que se desnaturalicen en las esencias que las justifican.
El Estado nacional, con esos objetivos, creó en 1986 el Fondo para Educación y Promoción Cooperativa -Ley 23.427-. Este fondo se nutre de los aportes de un porcentaje de dos por ciento anual sobre el capital neto de cada entidad cooperativa y de otras importantes contribuciones. Todo lo que significa un gran ingreso de dinero para dicho destino. A su vez, las cantidades abonadas se prorratean, luego, entre la Nación y las provincias. La mitad de esos aportes quedan para el Estado nacional y la otra mitad se coparticipa a las provincias para los fines detallados.
En el caso de la provincia de Córdoba, de acuerdo a lo fijado por la Ley provincial 7.734, los montos que se giran por el Estado nacional en el prorrateo integran un Fondo Provincial, para financiar la educación cooperativa en los diferentes niveles de enseñanza y ayudar a la creación y desarrollo de las cooperativas.

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El objetivo legal de dichos dineros se justifica además, en lo dispuesto por la Ley Nacional de Educación 26.206, que dispone, en su artículo 90, que el Estado promoverá “la incorporación de los principios y valores del cooperativismo y del mutualismo en los procesos de enseñanza-aprendizaje y la capacitación docente correspondiente. Asimismo, se promoverá el cooperativismo y el mutualismo escolar”.
Mas lo cierto es que el ex gobernador José Manuel de la Sota, desde mediados del año 2000 hasta el final de su mandato, no destinó dichas partidas para los fines especificados.
Ahora, el actual gobernador Juan Schiaretti, en julio de este año, se ha limitado a prometer otorgar 300 mil pesos para el cumplimiento de los objetivos del Fondo.
La cantidad propuesta resulta ofensiva e ilegal, en atención a los montos que recibió y ha retenido indebidamente el Gobierno provincial, sin asignarlos a lo requerido por la norma.
Al respecto, hay que señalar que desde junio del año 2000 a fines de julio de 2008, en un cálculo estimativo realizado a valores históricos del dinero que ha entrado a las arcas de la provincia, con imputación específica para los fines de la ley, asciende, aproximadamente, a la cantidad de 30 millones de pesos. Suma ésta en la que no se computan los intereses o reajustes que correspondería aplicar sobre cada una de las transferencias o depósitos que se hicieron para el Fondo Provincial. O sea, ocho años después, se dice que se entregará, sin rendir cuentas, menos del uno por ciento de lo que corresponde, como una dádiva para encarar los importantes fines legales del Fondo. Es inaceptable.
La emergencia no es excusa. Tampoco es excusa que las autoridades digan que se está en emergencia económica. Debe acabarse el Estado que no transparenta sus cuentas y justifica el uso indebido de los dineros públicos en supuestas e inacabables emergencias, mientras exige cada vez más cargas impositivas a la sociedad. Repárese que el aporte al fondo comenzó siendo de uno y medio por ciento en 1986 y luego, en 1999, se elevó a dos por ciento sobre el capital neto de las entidades, porcentaje éste que se mantiene a la fecha.
El año pasado, el cooperativismo organizado intimó por carta documento al Gobierno para que cumpla la Ley y dé explicaciones de lo sucedido, sin resultado hasta la fecha. Es básico que el Gobierno provincial rinda cuenta de los montos percibidos, ya que el último dato de dichas partidas que se hizo conocer fue de junio de 2000. Nunca ha habido una respuesta adecuada en el tema. Se ha eludido en todo momento información respecto a las remesas de dinero mensual que recibió y recibe la provincia.
Tampoco se sabe sobre el dinero que ingresó al Fondo Provincial de otras partidas que lo conforman, provenientes de las multas aplicadas, conforme lo dispone el artículo 101 de la Ley 20.337, y las cantidades de dinero que provinieran como consecuencia del remanente patrimonial que hubiere resultado de la liquidación de las entidades cooperativas, conforme lo previsto en el artículo 95 de la Ley de Cooperativas. Además, no se conoce si hubo partidas específicas asignadas a dicho Fondo por las leyes de presupuestos desde 2000 a la fecha, si ingresaron sumas aportadas por cooperativas al referido Fondo, en función de lo dispuesto en el artículo 42, inciso 3º de la Ley 20.337 y si existieron otros aportes voluntarios.
Tal es la irregularidad existente en el tema, que el Estado nacional buscará depositar en una cuenta especial lo que gira con destino al Fondo a la provincia de Córdoba, para que el Gobierno provincial no retenga dichas sumas y se asignen adonde corresponde. Se calcula que, a partir de octubre, el Gobierno nacional depositará los importes destinados al Fondo en una cuenta especial, a nombre de la Dirección de Asuntos Cooperativos de Córdoba.
Es importante que se regularice el funcionamiento del sistema implementado por la Ley y que, con carácter de urgente, el Gobierno de la provincia de Córdoba rinda cuenta de los dineros recibidos desde mediados de 2000 a la fecha, con destino al Fondo y ponga a disposición dichos montos para los objetivos previstos por la ley.

*Abogado constitucionalista
y especialista en derecho de la información,
en La Voz del Interior