Escribe: Jesús Chirino

Inicio del año 1976. María Estela Martínez de Perón era la primera mujer que ejercía la Presidencia de la Nación. Para esa época su Gobierno mostraba debilidades en diferentes flancos. El golpe de Estado era una posibilidad concreta alentada por diferentes sectores de la sociedad, algunos de los cuales trabajaban activamente para generar las condiciones que desembocarían en la salida militar.

En agosto de 1975 parte del ultraliberal empresariado nacional junto a sectores del agro, constituyeron la Asamblea Permanente de Entidades Gremiales Empresarias (APEGE). Uno de los principales referentes del sector era el economista integrante de la Sociedad Rural, José Alfredo Martínez de Hoz. El mismo personaje que luego, cuando gobernó la Junta Militar, fue ministro de Economía de la Nación. Esta entidad empresarial, en febrero de 1976, organizó un paro patronal.

Empresariado local

El jueves 5 de febrero de 1976 se realizó una reunión de asociados en la sede del Centro Comercial e Industrial Regional de Villa María. Allí el empresariado local resolvió adherir al paro patronal previsto para el lunes 16 del mismo mes. En el salón de la calle San Juan al 1369, con la presencia del presidente de la organización local, Primo Beletti, quedó plasmada la participación local en la medida orquestada contra el Gobierno nacional. El empresariado justificaba la protesta diciendo que se realizaba por la situación de la pequeña y mediana empresa ante la inestabilidad económica.

Por su parte las organizaciones de los trabajadores se opusieron a la medida patronal. El 10 de febrero, el Centro de Empleados de Comercio emitió un comunicado criticando la entusiasta adhesión de los empresarios locales a la medida decidida por el empresariado nacional. El documento de los mercantiles, firmado por su líder Miguel Angel Olaviaga y Eduardo Belloccio, pedía que “la clase trabajadora y los pequeños empresarios y productores, únicas víctimas de la actual aguda crisis económica por la que atraviesa el país, no deben llamarse a engaños con este cese de actividad que ha sido resuelto por los sectores representativos del gran capital vinculados a la política del imperialismo explotador y de los monopolios en franca actitud golpista”.
Por otra parte, el día 11, la delegación regional de la Confederación General del Trabajo emitió un documento firmado por su delegado regional Miguel Angel López junto a José Foresto, secretario de Organización y Prensa. Allí se decía que la medida de los patrones favorecía el golpe de Estado. Al día siguiente el diario “Noticias” publicó la posición de la CGT y también la de los empresarios que realizaban una importante campaña de adhesión a la medida distribuyendo, en diferentes puntos de la ciudad, un comunicado en el cual puntualizaban sus motivos para ir al paro patronal. En ese escrito los empresarios dejaban plasmada su ideología liberal. Sostenían, entre otras cosas, que la “empresa privada” es “fuente insustituible de trabajo, producción y riqueza”. En relación a las “Fuerzas Armadas y de Seguridad” textualmente sostenían: “Se desangran combatiendo contra la subversión apátrida, sin contar con una sincera y efectiva colaboración de los poderes públicos”.

La organización empresarial expresaba que el país estaba inmerso en un proceso “que conduce inexorablemente a la disgregación y el caos”. Por ello, decían que el lunes 16 de febrero sería un “día de protesta nacional” y respaldaban la posición de la APEGE que culpaba a la Confederación General Económica de co-responsabilidad en la “grave situación” que estaba “el país en todos los órdenes, pero fundamentalmente en el económico”.

El día 13, la prensa escrita dio a conocer otra posición crítica firmada por Oscar Mengarelli y Omar Zapata, hombres de la conducción de la Asociación de Trabajadores del Estado -ATE-. El gremio de los estatales repudiaba la actitud de los empresarios denunciando lo que entendían como un “ataque certero contra los requerimientos de los trabajadores” que, junto a otros elementos, dejaba “en evidencia” la “franca actitud golpista” de los empresarios. Para Mengarelli y Zapata era ese “el objetivo fundamental” del paro de actividades.

Por su parte los mercantiles, desde el sindicato conducido por Olaviaga, convocaban a repudiar la medida a la vez que realizaban una campaña de oposición al paro. El miércoles 11 realizaron un plenario gremial para analizar la situación nacional resolviendo la “quita de colaboración con las empresas y denegación de cualquier pedido de horas extras” a partir del día jueves. También realizaron una convocatoria amplia dirigida a sectores gremiales, políticos y a “todos los sectores positivos de la población” para que se expidieran contra el paro golpista. A la vez convocaron a todos los trabajadores mercantiles a una Asamblea Extraordinaria en la sede gremial, el día lunes 16 a las 7 horas.

Pero tanta oposición no fructificó en el fracaso de la actitud patronal. El “Noticias” del 17 de febrero informó que “fue masivo el paro de los empresarios locales”. Fue una larga jornada, a las 7 horas los empleados de comercio asistieron a la asamblea programada resolviendo solicitar al Ministerio de Trabajo que declarara ilegal el paro. Les respondieron que no daban curso a su pedido por tratarse de un problema de orden nacional.

Ese lunes, tantos los bancos como las oficinas públicas funcionaron con normalidad, al igual que el servicio urbano de colectivos. Del comercio establecido en el centro urbano sólo algunos bares y confiterías abrieron sus puertas en horas de la mañana. La calurosa jornada convocó a numerosos vecinos a la costa del río. Al terminar el día los dirigentes empresariales locales evaluaron exitoso al paro. Con mayor o menor conciencia del hecho habían contribuido a dar un paso decisivo hacia el inicio de la dictadura desaparecedora de personas que implementaría la destrucción de la industria nacional. Desde los trabajadores se planteó con claridad el peligro, pero no fueron escuchados.