“El conflicto que mantiene el municipio con la Comisión Directiva de la Protectora de Animales de nuestra ciudad, desnuda en toda su crudeza lo inadecuado, tanto ética como prácticamente, de las repuestas de funcionarios municipales a las problemáticas de la ciudad.”.
Así comienza una nota enviada a nuestra Redacción con la firma de María Maggi de Quevedo (foto).
El texto de Maggi continúa diciendo los siguiente:
¿Por qué faltaron estos funcionarios a principios éticos que aun hoy deberían regir para todos?
Hace alrededor de un año (agosto de 2008), se publicaron en ambos diarios de la ciudad notas ilustradas con fotos, de lo que estaba sucediendo en el “albergue” municipal de Ana Zumarán: perros muertos alimentando a los que quedaban vivos, sin agua, imágenes de terror. ¿Cuál fue la reacción de los funcionarios de turno –Climaco, Muñoz y Cía.? Negar lo que se veía en imágenes, retirar toda ayuda a la Protectora, desconociendo los convenios firmados con ésta y los veterinarios agrupados en VAEPA, incautarse del vehículo Fiorino dejado específicamente en manos de la Protectora por el TSJ y publicar una nota de apoyo a la gestión de Climaco, escrita por la esposa de un dependiente de dicho funcionario.
Así, el “albergue” municipal se convirtió en un campo de concentración vedado a todo el mundo, incluso a quienes llegaban allí a buscar un can extraviado y totalmente prohibido para los miembros de la Protectora.

@ Peregrinando por los despachos

Así también, comenzó la peregrinación de la gente de la comisión en busca del correspondiente permiso para entrar al predio, y de la reanudación de la ayuda. Un funcionario tras otro los citaba y una y otra vez eran defraudados en sus expectativas... Los miembros de la comisión son gente que trabaja. ¿Su tiempo no vale nada? Falta de ética nuevamente, falta de respeto hacia la persona y hacia la institución que ellos representan, a la que le dedican todos sus esfuerzos gratuitamente.
Entre las razones para vedar el ingreso dijeron: a) no tener jurisdicción sobre el predio por estar concesionado a la empresa EMRE (cabe preguntarse cómo entonces pudieron instalar allí el “albergue” en primer lugar); b) últimamente comenzaron a esgrimir el peligro ofrecido por los residuos patógenos que allí se procesan.
Estamos totalmente de acuerdo, y así lo hemos expresado, en que ese no es un lugar adecuado para instalar a los perros sin dueño, por la misma causa que ellos aducen.
Acá se podría argumentar, sin embargo, el peligro que esta situación entraña para el cuidador, más todos los trabajadores que se desempeñan en la empresa, sin olvidarnos del veterinario .
Este mismo veterinario es el que se vio desbordado por la situación planteada ante el ingreso de la casi totalidad de los miembros de la Protectora al predio el pasado viernes, quienes se hallaban constatando que sus peores temores de maltrato se hacían realidad: perros muertos, falta de agua, falta de sombra, todas contravenciones a la Ley Nacional Nº 14.346.

@ La mentira oficial

¿Y cuál fue la reacción del veterinario Soria?
Primero, llamar a la CAP como si estuviera en presencia de delincuentes comunes en lugar de reconocidos vecinos de la ciudad. Luego, con una rapidez mental digna de encomio, si se tratara de una causa justa, pergueñó un plan por el cual acusa a los miembros de la Protectora de haber entrado al predio por la fuerza, aún habiendo testigos y pruebas por escrito que no fue así. Esta mentira fue luego adoptada por el secretario de Gobierno.
¡Cuánto malestar, cuántos problemas y, eventualmente, cuánto dinero de los contribuyentes se hubiera ahorrado con un accionar con mayor sentido común de parte de los funcionarios involucrados! Un poco menos de autoritarismo, un poco más de buena voluntad de su parte ¡cuánto sufrimiento cruel e injustificado se podría haber ahorrado a esos seres que mueren de hambre, en soledad, despedazados por sus congéneres.
Para terminar, quisiera convocar a los cuarenta veterinarios de la ciudad a dar su opinión, ya que espontáneamente no han abierto la boca en el año largo en que se ha estado ventilando lo que pasaba en el “albergue”. ¿No hay para ellos algo equivalente al juramento hipocrático de los médicos en el sentido de proteger a quienes constituyen sus “clientes” y, por tanto, su medio de vida?