Un abogado de la Casa Central del Banco de la Provincia de Córdoba amplió ayer en los Tribunales de Villa María la denuncia penal que se les atribuye a cuatro empleados de la Sucursal Centro de la misma entidad crediticia, en el marco de la causa judicial por la que se investigan presuntos hechos de “defraudación calificada”.
Se trata del letrado cordobés Juan Echegaray, quien a media mañana de la víspera se presentó en la Fiscalía de Instrucción del Segundo Turno para denunciar 11 nuevos ilícitos que se habrían cometido en perjuicio del Banco de Córdoba.
Previo a esta presentación, el fiscal Gustavo Atienza estaba investigando ocho hechos del referido delito, que tiene una pena de hasta seis años de prisión (ver “Qué dice la ley”), por los que se encuentran imputados los bancarios Maximiliano Porporatto, Gustavo Enrique Day, Nicolás Bertello y Diana Esther Pineda.
Cabe recordar que la denuncia presentada inicialmente por las autoridades del Banco involucraba a Porporatto, Day y Pineda (esta última, contadora de la entidad ubicada en San Martín y Entre Ríos), pero en el curso de la investigación se sumó el nombre de Bertello, quien también fue imputado junto a sus compañeros de trabajo.
Con esta ampliación de la denuncia, ahora suman 19 los hechos de estafa que presumiblemente se cometieron y que deberá investigar Atienza para determinar las responsabilidades de los cuatro empleados, quienes fueron provisionalmente separados de sus cargos hasta que la Justicia se expida en consecuencia.

Realizaron una inspección

Por la tarde, el fiscal, el secretario que lo acompaña en la causa, los abogados, algunos de los imputados y demás personal se constituyeron en la sucursal céntrica y realizaron una inspección judicial que demandó poco más de tres horas y media.
Desde las 14 y hasta poco después de las 17.30, los funcionarios judiciales y quienes los acompañaron recorrieron diferentes sectores del edificio ubicado en pleno centro villamariense a los efectos de dejar establecido el lugar de trabajo de cada uno de los imputados, como así también las máquinas que operaban al momento de cumplir sus funciones, entre otras actividades.
Atienza, el secretario Guillermo Picco, una empleada de la Fiscalía, los letrados Oscar Barroso, Eduardo Luis Rodríguez y Roberto Vicente Vásquez (defensores de Pineda, Porporatto y Bertello, respectivamente), como así también el letrado cordobés Echegaray, inspeccionaron diferentes sectores del Banco de Córdoba, acompañados por personal policial femenino, entre ellas una escopometra que también hizo las veces de planimetrista y fotógrafa (tomó medidas, sacó fotos y hasta realizó un croquis).
La medida procesal fue seguida atentamente por los coimputados Day (concurrió solo, es decir sin su defensor, el abogado José Luis Bertoldi) y Bertello; en cambio, Porporatto y Pineda no se hicieron presentes, sino a través de sus representantes legales.
Cabe señalar que la comitiva recorrió las instalaciones en compañía de dos empleados del Banco, quienes hicieron las veces de guía, ya que en los últimos tiempos algunas situaciones cambiaron porque se están realizando algunas reformas en el interior del edificio.

Qué dice la ley

El artículo 174 del Código Penal de la Nación establece que “sufrirá prisión de dos a seis años... 5º) el que cometiere fraude en perjuicio de alguna administración pública”.
Por su parte, el artículo 173 del mismo cuerpo legal precisa que, “sin perjuicio de la disposición general del artículo 172, se considerarán casos especiales de defraudación y sufrirán la pena que él establece... 7º) el que, por disposición de la ley, de la autoridad o por un acto jurídico, tuviera a su cargo el manejo, la administración o el cuidado de bienes o intereses pecuniarios ajenos, y con el fin de procurar para sí o para un tercero un lucro indebido o para causar daño, violando sus deberes perjudicare los intereses confiados u obligare abusivamente al titular de éstos”.
Y para que quede más claro, el citado artículo 172 explica que “será reprimido con prisión de un mes a seis años, el que defraudare a otro con nombre supuesto, calidad simulada, falsos títulos, influencia mentida, abuso de confianza o aparentando bienes, crédito, comisión, empresa o negociación o valiéndose de cualquier otro ardid o engaño”.
La inspección judicial se llevó a cabo a tenor de lo previsto por el artículo 195 del Código Procesal de la Provincia de Córdoba, que establece que “se comprobará mediante la inspección de personas, lugares y cosas, los rastros y otros efectos materiales que el hecho hubiera dejado; se los describirá detalladamente y, cuando fuere posible, se recogerán o conservarán los elementos probatorios útiles”.

Las fotos:
1- El fiscal Gustavo Atienza mira al suelo mientras el secretario Guillermo Picco (con el portafolios bajo el brazo) conversa con el abogado Eduardo Rodríguez (h), a poco de dejar la Sucursal Centro del Banco de la Provincia de Córdoba

2- Nicolás Bertello conversa con su abogado defensor, el ex fiscal Roberto Vásquez, al salir de la sucursal bancaria donde ayer por la tarde se realizó la inspección judicial de la que tomaron parte funcionarios de la Fiscalía del Segundo Turno